La Secretaría de Economía de México inició una ofensiva contra la importación irregular de acero. Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, informó que el gobierno cancelará 1,062 registros de “molinos” o plantas siderúrgicas ubicadas en distintos países del mundo.
La decisión forma parte de una auditoría ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el uso de registros apócrifos, reducir la evasión arancelaria y cerrar la puerta a la triangulación comercial.
El procedimiento exige a las empresas importadoras registrar ante la Secretaría de Economía el origen del acero que entra al país. El trámite incluye la identificación exacta del molino en el extranjero donde se produjo el material. Sin embargo, al revisar más de 2,000 registros, la autoridad detectó inconsistencias en casi la mitad de ellos.
“Algunos molinos no existen. Otros presentan datos falsos o incompletos. Esos registros desaparecerán”, afirmó Ebrard. Equipos del gobierno ya se encuentran desplegados en al menos seis países, incluido Malasia, para verificar físicamente la autenticidad de los sitios de producción.
La cancelación de los registros forma parte de un esfuerzo por proteger a la industria acerera nacional, que ha denunciado prácticas desleales de comercio en los últimos años. La evasión fiscal asociada a estas importaciones irregulares permite que comercializadoras extranjeras ofrezcan acero a precios artificialmente bajos, sin enfrentar los mismos requisitos fiscales que los productores nacionales.
“¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no se están cometiendo… ahora sí que, como decimos, si fuera futbol es un faul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum”, comentó Ebrard.
El anuncio marca un giro más estricto en la política comercial del país. Bajo el nuevo enfoque, el gobierno apuesta por una vigilancia activa del origen de las mercancías, en contraste con la supervisión documental que predominaba antes.
El impacto inmediato recaerá en las empresas que dependen de acero importado a bajo costo, aunque el gobierno asegura que la medida no pretende restringir el comercio legítimo, sino sanearlo. De fondo, también responde a la presión de industriales nacionales que exigen acciones más firmes ante una competencia desleal sostenida por vacíos legales y omisiones administrativas.
Cortesía de Expansión
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