Ganan plazo las instituciones financieras mexicanas, acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero.
Ahora tienen más tiempo a su favor y la posibilidad de que continúe extendiéndose la prórroga.
Es consecuencia de la rápida reacción e intervención del gobierno mexicano, de acuerdo con lo que se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro, de Estados Unidos.
La noticia es como una enorme bocanada de oxígeno para las instituciones financieras nacionales que han sido tocadas en su reputación y están resintiendo los estragos de la duda e incertidumbre que causa una acusación tan grave.
Este 9 de julio se extendió el plazo para que entre en vigor la prohibición a los bancos de EU para realizar operaciones con los dos bancos y la casa de bolsa mexicanos, que están siendo acusados de lavado de dinero, para grupos de narcotraficantes.
Las instituciones financieras mexicanas, ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, sin que entre en vigor la prohibición.
El plazo original era de sólo 21 días. La prórroga se registra a menos de 15 días de que se armó el escándalo en torno a estas instituciones financieras mexicanas.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro destacó la actuación del gobierno mexicano que, ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
Es un reconocimiento directo a la reacción del gobierno mexicano en la atención de la preocupación estadounidense.
Además dejó ver que podría realizar nuevos aplazamientos.
Vale la pena reparar que en su comunicado Fincen afirma que durante meses, el Tesoro y el gobierno de México han estado en coordinación para proteger a las instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron con las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones.
Llama la atención que FinCen afirme que EU y México llevan meses trabajando coordinadamente.
¿Por qué llama la atención? porque si venían trabajando coordinadamente, entonces por qué FinCen decide tomar la medida unilateral de acusar y anunciar su inminente sanción.
Y porque el gobierno mexicano ha expresado desde el principio, que México ha solicitado pruebas y no se las han dado.
Hay que recordar que fue el pasado 25 de junio cuando el Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes a través de Fincen, en contra de CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector.
Hasta ahora, según el gobierno de México, Estados Unidos no ha presentado pruebas fehacientes que comprueben las acusaciones de ese país, en contra de los dos bancos y la casa de bolsa.
Sin embargo, Hacienda, encabezada por Edgar Amador, las intervino gerencialmente, es decir relevó la administración privada en esas instituciones.
Además decidió comenzar a desprenderlas del negocio fiduciario y traspasarlo a la banca de desarrollo y a otras instituciones privadas.
Han sido medidas que buscan proteger los ahorros y las inversiones de los clientes de las instituciones.
Pero también han sido medidas que abiertamente enviaron la señal de que el gobierno está actuando para investigar con mayor profundidad y evitar cualquier posible práctica irregular si es que ésta hubiera existido.
En otras palabras, el mensaje gubernamental fue doble.
Por lo que se ve la estrategia del gobierno mexicano está resultando positiva.
En consecuencia, ahora el reto será ver, si estos bancos y la Casa de Bolsa, superan la terapia intensiva a la que están siendo sometidas.
Al final no es lo mismo que sigan operando, manejadas con una autoridad gubernamental, a que lo hagan por sus propias gestiones con visión de negocios.
Si se diluyen en el tiempo las severas acusaciones de EU en contra de las instituciones financieras mexicanas, podría confirmarse que se trató de un golpe político-mediático.
Tal escenario ha sido una probabilidad desde el principio de esta historia.
Atisbos
La noche del pasado martes, la Secretaría de Hacienda aseguró que es falso que se eliminarán programas en diversos rubros para el próximo año.
Explicó que lo que sí viene es un cambio en la estructura del presupuesto que implica la compactación de algunos programas, pero no representa la reducción de recursos, ni un recorte en la garantía de derechos.
Mencionó el caso de los programas de salud relacionados con obesidad, VIH y vigilancia epidemiológica que a partir del próximo año se incorporan a la política de prevención y control de enfermedades, con lo que se fortalece a la Secretaría de Salud, como rector de la política de salud a nivel nacional.
Cortesía de El Economista
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