El trabajo digno, aquel que garantiza ingresos suficientes, seguridad social y condiciones laborales justas, sigue siendo un reto estructural en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cerca de 35.6 millones de personas ocupadas, el 60% de la población trabajadora, no cuentan con acceso a una institución de salud, uno de los pilares básicos del empleo decente.
Según un reporte de El Economista, en las últimas dos décadas esa cifra apenas ha disminuido cinco puntos porcentuales, lo que revela un estancamiento en la garantía de derechos laborales. Esto quiere decir que millones de personas trabajan, pero sin prestaciones, sin seguridad social y con ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
Este 7 de octubre, en el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el tema recobró relevancia, el acceso a un empleo digno no solo implica un salario justo, sino también protección social, libertad de asociación, estabilidad y oportunidades de desarrollo personal.
Ingresos que no alcanzan ni para dos canastas básicas
Aunque el salario mínimo ha aumentado en los últimos años, 22.9 millones de personas, casi el 40% de la fuerza laboral, ganan hasta un salario mínimo, según la ENOE. Esto significa que su ingreso mensual no rebasa los 7,500 pesos, lejos del monto estimado como “ingreso digno”, calculado en alrededor de 13,000 pesos mensuales (equivalente al costo de dos canastas básicas).
Según El Economista, el problema no se limita al sector informal. Incluso entre quienes tienen un empleo formal, 56% de los trabajadores de la iniciativa privada ganan menos de 12,500 pesos mensuales, de acuerdo con un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP). La organización advierte que “los trabajos formales tampoco garantizan un trabajo digno”, pues la precariedad persiste aun con contrato y seguridad social.
Prestaciones y seguridad social: una deuda laboral que no se reduce
Los datos de la ENOE también revelan que tres de cada 10 trabajadores subordinados no cuentan con prestaciones laborales básicas como vacaciones pagadas o aguinaldo. Si bien este indicador ha mejorado en comparación con hace dos décadas (cuando el 45.8% carecía de prestaciones), aún 12.3 millones de personas siguen laborando sin esos derechos mínimos.
La ACFP subraya que la seguridad social es “un derecho humano y un componente esencial del derecho al trabajo”. Su ausencia no solo afecta la salud o el retiro, sino también el acceso a guarderías, incapacidades y estabilidad económica ante accidentes o enfermedades.
Mujeres y jóvenes, los más afectados por la exclusión laboral
Según La Jornada, al menos 40 millones de personas en México carecen de trabajo digno, una cifra que incluye no solo a quienes no tienen seguridad social, sino también a quienes ganan salarios insuficientes o trabajan sin contrato estable.
El Observatorio de Trabajo Digno, relanzado en colaboración con Data Cívica, advierte que esta precariedad afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes. En el primer trimestre de 2025, 14.8 millones de personas se encontraban excluidas del trabajo por labores de cuidado no remuneradas, de las cuales 14 millones son mujeres.
Además, 18.6 millones de personas laboran sin contrato estable, lo que refleja un mercado laboral altamente informal y con pocas garantías. En conjunto, 32.9 millones de trabajadores ganan menos de lo necesario para cubrir dos canastas básicas, un incremento respecto a los 30.4 millones registrados antes de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, los indicadores muestran violaciones sistemáticas al derecho al trabajo en las 32 entidades federativas. Las causas estructurales; informalidad, bajos salarios, falta de protección social y desigualdad de género, siguen produciendo pobreza laboral, incluso entre quienes tienen empleo. En palabras de Ana Paulina González, investigadora de Acción Ciudadana, “la raíz de la pobreza tiene que ver con la exclusión y la precariedad laborales”.
Cortesía de Xataka
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