La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que podría transformar la forma en la que funcionan las aduanas en México. La propuesta, enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que los agentes aduanales asuman el 100% de la responsabilidad legal sobre errores, omisiones e incluso actos de contrabando relacionados con las mercancías que declaren.
Según un reporte de El Economista, actualmente los agentes aduanales actúan como auxiliares del Estado y son responsables solidarios en el despacho de mercancías, pero en muchos casos pueden transferir la responsabilidad a importadores o proveedores. La reforma elimina esto, pues cualquier error, desde un dato mal declarado hasta la detección de mercancía excedente, recaerá directamente sobre ellos.
Patentes con vigencia limitada, exámenes obligatorios y candados electrónicos
El proyecto plantea que las patentes aduanales dejen de ser vitalicias. En lugar de eso, tendrían una vigencia de 10 años con posibilidad de renovación, siempre y cuando el agente apruebe procesos de certificación cada dos años. De acuerdo con Opportimes, la reforma también obligará a los agentes a presentar declaración patrimonial anual y a no tener vínculos con las empresas a las que representan, bajo riesgo de suspensión o inhabilitación.
De acuerdo con The Logistics World, se contempla la creación de un Consejo Aduanero, integrado por Hacienda, SAT, ANAM y la Secretaría Anticorrupción, que decidirá sobre el otorgamiento, prórroga y cancelación de patentes. Además, introduce herramientas tecnológicas de trazabilidad, como candados electrónicos con GPS en los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE), para monitorear mercancías desde su entrada hasta su destino final. Otro ajuste sería la reducción del tiempo máximo para almacenar productos en los RFE: de los actuales dos años a solo uno.
Más costos, más controles y un comercio exterior más lento
Para los agentes aduanales, estos cambios implicarían un nivel de riesgo inédito. Un ejemplo citado por El Economista lo ilustra: si un pedimento declara 1,000 piezas de autopartes y en la inspección aparecen 1,500, el responsable será el agente, no el importador. Esto podría llevar incluso a acusaciones penales por contrabando en caso de evasión fiscal significativa.
Sergio Islas, director de SIEM Business, advirtió que la medida puede encarecer las operaciones y ralentizar el comercio exterior, ya que los agentes tendrán que hacer revisiones exhaustivas tanto documentales como físicas. “Representa un cambio muy drástico”, aseguró.
Más recaudación para Hacienda, pero con riesgo de frenar cadenas de suministro
Según Entre Líneas, el trasfondo de la reforma es incrementar la recaudación de impuestos en las 50 aduanas del país, que representan el 24% de los ingresos tributarios nacionales y aportan el 3.6% del PIB. Solo entre enero y julio de 2025, las aduanas recaudaron más de 836,000 millones de pesos, una cifra histórica.
Pero el cambio también busca cerrar huecos en programas como el IMMEX, que permite importar temporalmente sin pagar impuestos con la condición de exportar tras un proceso productivo. El gobierno argumenta que muchas empresas usan IMMEX para meter mercancías que nunca salen del país, compitiendo deslealmente en el mercado interno.
Este ajuste podría obligar a empresas de sectores importantes como automotriz, textil o electrónico, a replantear sus cadenas de suministro y a implementar controles más estrictos.
Lo que dice la ley actual: responsabilidad, pero con excepciones
Hoy en día, la Ley Aduanera ya establece que los agentes aduanales son responsables de la veracidad de los datos, la clasificación arancelaria y el cumplimiento de regulaciones. Sin embargo, también prevé excepciones. Si un error proviene de información falsa del importador que no era detectable a simple vista, el agente puede librarse de la sanción.

Además, la ley vigente reconoce la responsabilidad solidaria con agencias aduanales y socios, lo que distribuye el riesgo entre varias figuras. La nueva propuesta elimina esa red de seguridad, concentrando la carga en el propio agente.
En otro reporte de El Economista se advierte que, junto con el endurecimiento de sanciones, los agentes podrían perder su patente tras varias suspensiones o si enfrentan procesos penales. Para el gobierno, esto es una forma de garantizar transparencia y profesionalismo en un sector tan señalado por corrupción.
Sin embargo, especialistas señalan que podría tener el efecto contrario: desincentivar la actividad aduanera y complicar la dinámica del comercio exterior.
Cortesía de Xataka
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