Cada vez más estados en México están adoptando los llamados impuestos ecológicos, cobros dirigidos a quienes contaminan o usan recursos naturales. En 2025, al menos 15 entidades ya estarán aplicándolos, mientras que otras 12 los tienen contemplados… aunque, por ahora, decidieron no cobrarlos.
Según reporta Reforma, la tendencia comenzó en 2016, cuando Zacatecas se convirtió en pionero. Desde entonces, estos impuestos han ido ganando terreno, aunque no sin polémica. Empresarios los critican por considerarlos una carga más que no soluciona los problemas ambientales, mientras que activistas los defienden como una herramienta para hacer que quien contamina, pague.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2023 los estados esperaban recaudar unos 2 mil 800 millones de pesos por esta vía. En 2025, la cifra crecerá a 2 mil 918 millones, lo que representa apenas el 0.18% del total de ingresos estatales, pero es un paso hacia una mayor participación de los estados en el combate al cambio climático.
¿Qué se está cobrando?
Los impuestos ecológicos varían según el tipo de daño ambiental. Entre los más comunes están:
- Emisiones de gases contaminantes al aire (en 11 estados).
- Contaminación al suelo, subsuelo y agua (en 7 estados).
- Extracción de materiales pétreos como grava o arena (en 7 estados).
- Almacenamiento de residuos (en 5 estados).
Durango, Nuevo León y Zacatecas son los más agresivos: aplican los cuatro tipos.
El caso más representativo es Nuevo León, que prevé recaudar 1,526 millones de pesos, más de la mitad del total nacional por este tipo de impuestos.
¿Funcionan o solo recaudan?
Aquí empieza el debate. Por un lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusa que estos impuestos no tienen un uso ambiental claro y afectan la competitividad de las empresas. Asegura que muchos de los contaminantes ya están regulados a nivel federal y que este tipo de impuestos duplican cargas.
Además, señalan que los cobros no promueven verdaderamente la reducción de emisiones, y se convierten en un gasto más que no todos pueden absorber.
Por otro lado, expertos como Gabriela Alarcón, de Iniciativa Climática de México, defienden los impuestos verdes, pero con matices. Ella cree que son herramientas útiles para impulsar una economía más sustentable, siempre que haya transparencia sobre en qué se usa el dinero y que se asegure que quien contamina, paga.
“Muchos estados ya tienen mecanismos para etiquetar esos recursos, pero falta claridad sobre si realmente se están destinando a nuevas acciones ambientales o solo sustituyen gasto ya planeado”, advierte.
También pone sobre la mesa un problema poco discutido: la inequidad fiscal. A menudo, solo se cobra a los grandes contaminadores, los más visibles, dejando fuera a quienes operan en la informalidad o bajo el radar.
Algunos incentivos sí existen
En algunos casos, los gobiernos sí están intentando que los impuestos verdes tengan un efecto positivo. Por ejemplo, el Estado de México ofrece descuentos del 30% a las empresas que cambien vehículos de combustión por modelos eléctricos o híbridos.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que este tipo de incentivos se extiendan y se traduzcan en mejoras reales para el medio ambiente.
¿Entonces?
Mientras unos los ven como una herramienta para salvar al planeta, otros los tachan de ser solo una manera disfrazada de recaudar más. Lo cierto es que los impuestos verdes llegaron para quedarse. Y si van a cobrarse, lo mínimo que se puede exigir es que realmente se usen para cuidar el medio ambiente… y no solo para tapar hoyos en los presupuestos estatales.
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