La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su gobierno se está preparando para recibir a los connacionales devueltos desde Estados Unidos, tras la intención del gobierno de Donald Trump de aumentar el ritmo de las deportaciones, según detalló el diario The Washington Post. Sheinbaum dijo que mantendrá activos los centros de atención a migrantes que se instalaron en febrero en distintos estados fronterizos de México. Mientras tanto, y en un nuevo revés para la administración de Trump, una jueza federal bloqueó la revocatoria del estatus legal en Estados Unidos a cientos de miles de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Un trato “humanista” para los deportados
En su conferencia matutina diaria, Sheinbaum apuntó: “Ahora hay una cuestión especial del gobierno de los Estados Unidos que dice que va a haber más deportaciones, entonces nosotros necesitamos tener todo lo necesario para poder recibir a nuestros connacionales y también todo el apoyo que les tenemos que dar en los consulados”. La presidenta mexicana instruyó que se mantengan los 10 centros de atención en los estados fronterizos del norte del país para atender a las personas deportadas de EE.UU., ante la probabilidad de que Trump cumpla con su meta de expulsar a un millón de personas este año.
Los centros de atención contarán con servicios como luz, agua, Internet y vías telefónicas, para brindar atención médica, alimentación y alojamiento a los migrantes mexicanos que lo necesiten. Los centros están ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se dispone de 189 colectivos para el traslado desde los puntos de repatriación fronterizos a los 10 centros de atención, y 100 unidades más para llevarlos a sus estados de origen.
En su contacto con la prensa Sheinbaum subrayó que México debe estar preparado para recibir a sus ciudadanos repatriados, así como brindarles el apoyo necesario a través de los consulados. También dijo que actualmente hay una mayor vigilancia en temas de movilidad humana y una disminución en el flujo migratorio hacia la frontera norte. “El programa de atención a migrantes de otras nacionalidades que pasan por México para llegar a Estados Unidos tiene un sentido humanista. Ahora hay mucha menos migración hacia la frontera norte”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum dijo además que el próximo 1 de mayo Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla, asumirá como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM), en remplazo de Francisco Garduño, quien atravesó un proceso penal por su presunta responsabilidad en un incendio en el que murieron 40 migrantes. Los propios migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al INM de cometer abusos para evitar el avance de los indocumentados hacia el norte del país ante las presiones de Estados Unidos, donde Trump pidió a México que detenga “la invasión” migratoria.
México recibió más de 24 mil deportados en las primeras ocho semanas de la nueva presidencia de Trump, incluyendo 4.567 extranjeros, según la última actualización de Sheinbaum, quien prometió apoyar a quienes decidan quedarse en el país. Un total de 220 empresas mexicanas registraron casi 64 mil vacantes laborales en todo el país como parte del programa “México te abraza”, lanzado por el gobierno para apoyar a los connacionales repatriados de EE.UU. tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
De acuerdo con información del diario The Washington Post, el mandatario estadounidense tendría como objetivo la deportación de un millón de personas, lo que sería más del doble que el número récord de 400 mil deportaciones efectuadas en 2011 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama (2009-2017). El endurecimiento de la política migratoria es una de las medidas en las que más énfasis está poniendo desde que llegó al poder en enero Trump, quien en campaña prometió deportar a “millones de personas”, una misión que hasta el momento luce complicada.
Un blindaje al “parole humanitario”
En un nuevo freno judicial a la política migratoria de Trump, una jueza federal de Estados Unidos frenó el intento del republicano de poner fin al programa migratorio conocido como “parole humanitario”, que protege a cerca de 530 mil venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación. La jueza Indira Talwani, de Massachusetts, anuló la orden de Trump de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio que fue instaurado por el anterior gobierno de Joe Biden (2021-2025).
La magistrada, nominada por el expresidente Barack Obama, detalló que la administración de Trump debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se entregó por un período de dos años, y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso. Al anunciar la revocación del “parole”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria Kristi Noem, apuntó que este “no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal”.
El gobierno de Biden instauró el “parole humanitario” en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares. Ese programa migratorio, conocido como CHNV por las siglas de los países, permite a sus beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador con residencia legal en Estados Unidos.
¿Deportados estadounidenses a la megacárcel?
Por otra parte, la Casa Blanca explicó este martes que está estudiando la legalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes graves a la megacárcel para pandilleros de El Salvador, a la que ya fueron enviados decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos. Así lo afirmó la vocera del Ejecutivo, Karoline Leavitt, el día después de que Donald Trump expresara durante una reunión en el Despacho Oval con su par salvadoreño, Nayib Bukele, su deseo de encerrar también en esa prisión a ciudadanos estadounidenses.
“Es una cuestión legal que el presidente está analizando. Solo lo consideraría, si fuera legal, para los estadounidenses más violentos, atroces y reincidentes, a quienes nadie quiere que vivan en sus comunidades”, afirmó Leavitt. El lunes ante Bukele, Trump expresó su deseo de “ir un paso más allá” y enviar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador no solo a migrantes supuestamente criminales sino también a estadounidenses.
“No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país“, dijo Trump. No es la primera vez que el republicano habla de expulsar a ciudadanos de Estados Unidos a El Salvador, algo que ha sido rechazado por expertos legales y defensores de los derechos civiles en el país. La idea fue planteada por Bukele en febrero pasado durante una visita del secretario de Estado norteamiericano, Marco Rubio, a El Salvador.
El mandatario centroamericano ofreció el Cecot, cuyas condiciones internas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, para albergar a personas que cometan crímenes en Estados Unidos, tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses. El pasado 15 de marzo la administración de Trump envió al Cecot, sin proceso judicial previo, a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusa de ser miembros de los grupos criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Cortesía de Página 12
Dejanos un comentario: