La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno de Estados Unidos, llevará a México y su vecino a trabajar más en conjunto en materia de acciones en contra del financiamiento al terrorismo, tema en el que el primero tiene un marco jurídico más extenso, mientras que el segundo deberá implementar normativas globales y de su principal socio comercial, para que el sistema financiero mexicano tenga mayor control y transparencia de sus operaciones.
La primera fase para lograr esta designación corre ya tras la firma de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para designar a estos grupos como terroristas, es una determinación global, por lo que, después de su aprobación, al menos 14 días después del 20 de enero, el gobierno de EU tendría que designar específicamente cuáles son esos grupos que serían considerados en este estatus.
“No designan a México, sino a todo lo que tenga que ver con los cárteles, donde quiera que operen, por ejemplo, puede ser contra x cártel y este opera en Guatemala, El Salvador, no es una calificación a México, sino a organizaciones criminales”, detalló Sandro García-Rojas Castillo, socio fundador de Lex Quo Group y consultor internacional.
Dada la designación, México tiene que estar atento al marco normativo que regula a las organizaciones terroristas en EU, porque este sería el que tenga que adoptar en su sistema financiero, lo que implicaría algún tipo de reforma, adaptación a través de acuerdos y decretos, por igual la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tendría que profundizarse, además de endurecer las sanciones en el Código Penal que se tienen para el financiamiento al terrorismo, explicó Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
¿En dónde estamos?
Por ejemplo, en EU, cualquier institución financiera vinculada con ese país que conozca estar en posesión o controlar dinero de una organización vinculada al terrorismo o de sus agentes debe embargar esos recursos y reportarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU.
En México, las instituciones financieras pueden congelar actos, operaciones o servicios de procedencia ilícita con los clientes o usuarios a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial.
“Yo creo que vale la pena tener una interlocución abierta con las autoridades norteamericanas para hacerles ver un poco las implicaciones que esto tiene para ambas economías. Se tiene que revisar el marco jurídico para ver si es suficiente para poder atender esta designación, de alguna manera se está reconfigurando un escenario de seguridad en el país.
“Por supuesto creo yo que vamos a tener reformas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la regulación al sistema financiero, adecuar ese marco jurídico, entre muchas otras cosas”, consideró el socio fundador de Lex Quo Group.
Listas de la OFAC
El reto de estos trabajos no es menor para México, pues tiene la experiencia y robusto marco normativo para accionar en contra de lavado de dinero, enfocado en el destino del capital, pero no en el combate al financiamiento al terrorismo, que está enfocado en el origen del dinero, “se necesitan medidas de control en las instituciones financieras muy distintas para identificar uno del otro”, refirió Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Si bien la designación obedece a un tema de seguridad, esta provocaría que todo lo que tenga que ver con los cárteles lo vea la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro y la autoridad encargada de regular estos temas, y que publica la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, la cual contiene nombre de empresas y personas cuyos activos deben ser bloqueados o congelados.
Por este tipo de medidas, además de fuertes sanciones penales y millonarias, embargo de recursos, los bancos en EU tienen que ser muy cuidadosos para que sus clientes no salgan en esta lista. Algo que tendrán que empezar a hacer las instituciones financieras en México, a través de capacitación y adopción de tecnología, agregó Herrera.
“La OFAC hoy en día tiene a 915 empresas y personas mexicanas en su lista, lo más seguro es que con esta orden ejecutiva crezca. Estas personas son detectadas por la OFAC porque (aun sin tener cuentas o no en EU) realizaron operaciones en el sistema financiero americano, para que te identifique la OFAC es porque ya hubo una operación, de estas empresas o personas, en un banco americano”, precisa el integrante del IMEF.
Considerando que la ley la normatividad estadounidense prohíbe que cualquier persona, en Estados Unidos o que esté bajo la jurisdicción estadounidense, tenga relación financiera o reciba recursos procedentes de organizaciones vinculadas al terrorismo.
En estas listas podría aparecer una empresa extorsionada por estos cárteles por uso de suelo, y no solo por acciones de financiamiento, también pueden aparecer arrendadores de inmuebles, prestadores de bienes y servicios, detalló García-Rojas.
Más advertencias
En tanto, en caso de que aplique esta designación, México tendrá “que revaluar el criterio de Evaluación Nacional de Riesgo que implica que podamos determinar si en nuestro sistema financiero verdaderamente existe financiamiento al terrorismo, esa es la parte más delicada porque no tenemos un antecedente”, comentó Estrada Antón.
“EU tiene un precedente de haber nombrado externamente grupos terroristas que no se encuentran en su territorio designando a un grupo islámico en Irán, entonces toda la aplicación de la normatividad que corresponde al combate a organizaciones terroristas y su financiamiento sería la que nos aplicaría un cumplimiento mucho más estricto, si se reconocen que los cárteles mexicanos operan financieramente en el sistema bancario mexicano”, agregó la integrante del CCPM.
Con esto también podría aplicar la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations); que lo que hace es ampliar la jurisdicción de Estados Unidos para investigar y sancionar actividades financieras relacionadas con México, culminó la especialista.
Cortesía de Expansión
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