Una crónica objetiva, por resumida que sea, sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no podría dejar de señalar que ante la derrota y progresiva descomposición de los partidos tradicionales, el PRI y el PAN -tendencia ratificada con la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial del 2024- el papel de la oposición pasó a ser insólitamente desempeñado por una rama del Estado, que se constituye como fuerza política: el Poder Judicial. Fue éste quien con más tenacidad se opuso a algunas de las iniciativas más importantes de AMLO, entre ellas la llamada “Reforma Eléctrica”, una propuesta de privilegiar a la estatal CFE, la Comisión Federal de Electricidad, encargada de generar, transmitir y distribuir energía eléctrica en el país por encima de empresas privadas, lo que fue invalidado por la Corte Suprema. Dos piezas legales: la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos fueron asimismo parcialmente vetadas por el máximo tribunal, y lo mismo ocurrió con otras propuestas gubernamentales como la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas entre las más importantes.
Este activismo judicial, incentivado por Washington desde hace décadas con numerosos cursos y talleres concebidos para “mejorar la administración de justicia”, es una de las más nefastas novedades que atribulan a las democracias latinoamericanas. Se suele mencionar al lawfare como una de las consecuencias de esta extralimitación de las competencias del Poder Judicial en nuestros países, y es verdad. La persecución en contra de varios líderes políticos de nuestra región como Luiz Inácio “Lula” de Silva, Rafael Correa, Jorge Glas, Cristina Fernández, Evo Morales, Pedro Castillo, Fernando Lugo, Juan Manuel “Mel” Zelaya apelando a amañadas argumentaciones jurídicas prueba con elocuencia lo que vinimos diciendo.
Pero en el caso de México el protagonismo de las máximas instancias del Poder Judicial no se limitó al lawfare sino que llegó a límites escandalosos. La presidenta de la Corte Suprema, Norma Piña, de más que fluida relación con la embajada de Estados Unidos y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, lideró una ruidosa cruzada en contra de la propuesta reformista de AMLO. Esta contempla, entre otros temas, la elección popular de jueces, fiscales y otros magistrados; reducción de sus exorbitantes sueldos (en algunos casos más que duplican el del presidente de la república) y depuración general de la judicatura sobre la que pesan numerosas acusaciones de corrupción y connivencia con el narco. Por ejemplo, entre enero de 2022 y enero de 2025, el Poder Judicial emitió sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas a 72 personas que habían sido procesadas por narcotráfico y otros delitos.
La convocatoria para que sea el pueblo quien elija a los miembros del Poder Judicial tropezó, previsiblemente, contra una feroz campaña de la derecha. La “embajada” no se privó de intervenir a través de su embajador, Ken Salazar, advirtiendo que la reforma impulsada por AMLO “pondría en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones”. Olvidó Salazar que en muchos estados de Estados Unidos el fiscal de distrito y los jueces de primera instancia son elegidos por la ciudadanía. Lo mismo ocurre a nivel cantonal en Suiza y, entre nosotros, en Bolivia, donde los miembros de más jerarquía del Poder Judicial son preseleccionados por el Congreso pero luego deben ser ratificados por el voto popular.
No hay razones para suponer que una ciudadanía facultada para elegir presidentes, gobernadores y miembros del congreso carezca de capacidad para discernir qué personas pueden ser las encargadas de administrar justicia y democratizar al poder menos democrático de las democracias, convertido en los últimos tiempos en un actor decisivo para frustrar los proyectos de transformación que nuestros países necesitan. Habrá que ver si hoy el pueblo mexicano logra enfrentar con éxito la ofensiva reaccionaria de la derecha, el aluvión propagandístico de los medios que se oponen a la reforma y logra construir un Poder Judicial congruente con un sistema democrático.
Cortesía de Página 12
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