El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, en medio de una celebración popular, cimbró a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su estrategia de seguridad, con García Harfuch incluido. Y lo hizo en el peor momento posible, uno en que está siendo observada minuciosamente por el gobierno de los Estados Unidos.
Las declaraciones presidenciales, echando culpas a Calderón, Peña y la prensa carroñera, así como la inocentada de decir que a Manzo lo cuidaban 14 elementos de la Guardia Nacional, mismos que no se notaron por ningún lado, solo empeoraron el asunto para ella. Finalmente, hizo lo que todo gobierno con mentalidad burocrática hace: proponer un plan y bautizarlo con el novedoso nombre de Plan Michoacán. Destinado al fracaso, como los anteriores.
¿Por qué no han resultados las estrategias gubernamentales para pacificar Michoacán? En realidad, esta es la pregunta que se deben hacer los gobiernos y la ciudadanía. Cuatro sexenios, varias estrategias y acciones y la situación de violencia criminal continúa.
En diciembre de 2006, agobiado por las acusaciones de fraude electoral, el entonces presidente Felipe Calderón decide iniciar una “guerra” contra el narcotráfico utilizando de manera abierta a las Fuerzas Armadas. A petición del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, la “guerra” se inicia el 11 de diciembre de ese año en el estado natal de ambos funcionarios.
La acción se llamó Operación Conjunta Michoacán y, como era de esperarse, fue muy reconocida. Buena parte de la clase política mexicana y diversos medios la saludaron como necesaria y correcta. En Estados Unidos llegaron a llamar a Calderón un hombre valiente. Esta acción era fundamentalmente policíaco-militar.
Se pretendía ocupar el territorio y con esto capturar, neutralizar o echar a los criminales. Desde luego, el emprendimiento tuvo éxito… un tiempo; el crimen organizado se adaptó, corrompió a funcionarios y regresó a las andadas. Hubo otras acciones en el sexenio que tuvieron un impacto relativamente positivo.
En su turno, el gobierno de Peña Nieto fue más sofisticado. El 13 de febrero de 2014, presentó el Plan Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr; sí, mejor nombre que el de Sheinbaum. Este Plan partía de la base de que la violencia no se acaba con la violencia (¿suena conocido?), sino con una combinación de uso de las fuerzas del orden combinadas con acciones sociales y económicas. Se quería prevenir la violencia con acciones sociales, lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social. La estrategia se implementó en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Como en el sexenio anterior, la estrategia funcionó por un tiempo y, de nuevo, el crimen organizado se adaptó. Desesperado, Peña decidió que era buena idea armar a los grupos de autodefensa y dejar en sus manos el combate a la delincuencia. Fue una estrategia defectuosa que llenó de más armas al Estado y devino en más muertes.
Apoyado en su estrategia de “abrazos, no balazos”, López Obrador prácticamente no hizo nada real. En octubre de 2021, ante el recrudecimiento de la violencia en la Entidad, lanzó el Plan de Apoyo a Michoacán, con el reforzamiento de las fuerzas armadas en Morelia y Uruapan. Por supuesto, no hubo resultados.
Claudia Sheinbaum prometió en su estrategia de seguridad de los primeros 100 días una especial atención a la extorsión que sufren los limoneros. Si lo hizo, no se notó, el pasado 19 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo, líder de los limoneros. Otro golpe para su estrategia.
Ahora, Sheinbaum ha presentado un adelanto de lo que será el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que busca atender las causas de la violencia y fortalecer la presencia del Estado con acciones en seguridad, justicia, desarrollo económico y cultura, como el de Peña Nieto.
Se supone que este Plan recogerá las opiniones de todos los sectores sociales de Michoacán (lo que no significa que se les tomará en cuenta) lo que servirá para desarrollar el documento bajo tres ejes: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico con Justicia y Educación y Cultura. Este Plan no será diferente a los otros, servirá un tiempo y, cuando la coyuntura pase, el crimen organizado se adaptará.
Para tener éxito, cualquier plan tiene que romper la impunidad de políticos, empresarios, funcionarios y todos aquellos que se han beneficiado de la acción de la delincuencia; castigar con la ley a los cómplices, sean políticos, civiles o militares; detener el flujo de armas y el de dinero. No ayuda el tener un gobernador que es señalado de nexos con el crimen organizado. Cada presidente ha protegido a sus camaradas, aunque sean delincuentes. Así no se puede.
Si esto no se lleva a cabo, el resto es discurso, medidas temporales.
Cortesía de El Economista
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