Creciente militarización; graves impactos socioambientales; incremento de violencias criminales; ecocidio; especulación inmobiliaria y despojo de tierras, así como inaccesibilidad a la justicia y violaciones al marco jurídico vigente, son los hallazgos de un grupo de organizaciones civiles que realizó una investigación a la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del tren Maya en Quintana Roo y Campeche.
De acuerdo con los resultados del reporte de la misión de observación integrada por 13 organizaciones entre las que se encuentran Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y Jaltun Investigación y Acción Colectiva, los testimonios escuchados, el trabajo de investigación en fuentes oficiales, académicas y periodísticas realizado antes, y después del recorrido en campo, evidencian “elementos altamente críticos que se prospectan como escenarios que, en el futuro, podrán agravarse”.
Militarización
En las conclusiones del documento denominado “Misión civil de observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche”, señala que la ocupación de las fuerzas armadas en los territorios es alarmante.
“Es evidente la presencia armada en estaciones del Tren, caminos, bancos de materiales, aeropuertos, hoteles, parques temáticos, museos, zonas arqueológicas y comunidades indígenas, hasta en escuelas y canchas públicas”.
Además, plantea que la entrega de las obras del Tren Maya a la Sedena le abrió las puertas para hacerse con el territorio y accionar impunemente, generar réditos a partir de negocios y empresas paraestatales, y concretar el fenómeno de militarización en la región, disciplinando cualquier tipo de manifestación crítica, denuncia u oposición a la intervención del Estado.
Asegura que la misión escuchó testimonios de vejaciones, el abuso de poder y la extralimitación de funciones de elementos castrenses sobre las personas, terrenos, instituciones comunitarias y espacios públicos de las comunidades.
Denuncia lo que llama “la imposición de la Sedena como nueva autoridad que llegó a desplazar a las autoridades civiles”.
Adicionalmente, la creación y operación de empresas de las Fuerzas Armadas para administrar y usufructuar los megaproyectos y negocios derivados robustece el funcionamiento corporativo de estas fuerzas y amenaza con perpetuar su ocupación, encargándose de tareas y funciones que constitucionalmente no les corresponden, para el aseguramiento y expansión del sistema capitalista transnacional.
Incremento de las violencias criminales
El reporte, de la misión en la que participó también como observadora la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alerta sobre “el proceso exponencial de incremento de las violencias vinculado a la transformación social que el Tren Maya se propone detonar”.
Asegura que paralelamente al trazo de la ruta, grupos delincuenciales y vinculados a economías ilegales (tráfico de drogas, de armas y de personas) se han expandido en regiones hasta ahora marginales.
La presencia de una población flotante ajena a los contextos locales, contratada para la construcción de la vía férrea, ha abierto un mercado incipiente para el consumo de drogas y prostitución en los contextos rurales, y ha provocado disputas entre grupos criminales que tienen como teatro las pequeñas comunidades del sur de Quintana Roo y Campeche, relata.
Ecocidio
La Misión alerta sobre lo que llama el ecocidio irreversible detonado por la construcción de la vía férrea y que se extiende rápidamente por las transformaciones territoriales que el megaproyecto está impulsando.
Señala que, si bien la península de Yucatán posee una riqueza natural de enorme valor, sus ecosistemas son extremadamente vulnerables frente a la fragmentación del territorio, la contaminación y los cambios de uso de suelo.
“La Misión pudo constatar que la instalación de las vías del tren, así como las obras aledañas como bodegas, estaciones, áreas de mantenimiento, caminos de acceso al trazo, áreas de extracción de materiales etcétera, fueron realizadas de manera irresponsable, imprudente e ilegal, omitiendo regulaciones ambientales y omitiendo la aplicación del principio precautorio”.
A partir de la revisión de los resultados de estudios recientes referentes al acuífero, los cenotes, las cuevas subterráneas, los humedales, las lagunas y selvas es posible afirmar que la megaobra ha generado daños irreparables a los ecosistemas y a los medios de vida de las comunidades locales.
Especulación inmobiliaria y despojo
En otro aspecto, alerta sobre los impactos previsibles de una acelerada urbanización en desmedro de los ecosistemas selváticos y la integridad de los territorios que hasta ahora han representado el sustento de cientos de comunidades rurales, lo cual impulsará un incremento de la desigualdad y la exclusión de amplios sectores sociales.
Denuncia una creciente presión sobre las tierras, principalmente aquellas de propiedad social, anteriormente destinadas para uso agrícola, y sobre las extensiones de uso común destinadas al aprovechamiento forestal o a fines de reserva, actualmente codiciadas o ya incorporadas al rampante mercado inmobiliario.
Subraya que a raíz de la construcción de la vía férrea, los terrenos colindantes y aquellos ubicados en las periferias de las ciudades que el tren atraviesa han incrementado hasta un 400% su precio, lo cual denota una creciente especulación sobre las tierras.
“La arraigada presencia de mafias agrarias, basadas en la colusión entre autoridades y empresarios, representa un antecedente para la expansión del despojo y la apropiación irregular de las tierras”.
Violaciones al marco jurídico vigente
En otro punto alerta sobre el papel del Estado, pues, desde su perspectiva, no sólo no ha sido garante de los derechos humanos, sino que ha provocado la vulneración de estos mediante diversas formas, entre ellas el incumplimiento de leyes y la desprotección de los derechos de las personas y los pueblos.
Señala que las resistencias al megaproyecto han sido neutralizadas por el Estado mediante estrategias que van desde la intervención militar, la coerción de la población, el señalamiento y estigmatización a las personas defensoras del territorio y los derechos humanos, el fomento a grupos de choque dentro de las comunidades y, lo que ha sido crucial: una determinación política de aseguramiento del proyecto ferroviario mediante decretos presidenciales que lo declararon tema de Seguridad Nacional; y la cooptación del Poder Judicial que mantuvo un desempeño plegado a la ordenanza presidencial.
Se mantiene la resistencia
Pese a lo antes descrito, la misión asegura que hay una presencia activa de una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, colectivos informales y agrupaciones ciudadanas, tanto en contextos rurales como urbanos, que, “a contrapelo de todas las amenazas”, mantienen espacios de diálogo y reivindicación de sus derechos, y manifiestan públicamente su inconformidad frente a un modelo de ocupación territorial impuesto.
La Misión Civil de Observación estuvo integrada por la organizaciones Coordinación del Congreso Nacional Indígena; Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; Cenotes Urbanos; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Greenpeace; Jaltun Investigación y Acción Colectiva; Kanan Derechos Humanos; Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Observatorio de Multinacionales en América Latina y Terravid.
Cortesía de El Economista
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