El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para que las instituciones financieras estén obligadas a cancelar las tarjetas bancarias -de crédito o débito- en un plazo máximo de tres días hábiles después de que el cliente lo solicite, a fin de evitar cargos indebidos y proteger los derechos de los usuarios.
La propuesta busca modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de establecer tiempos claros y justos para el proceso de cancelación, un trámite que actualmente puede prolongarse de manera indefinida y causar afectaciones económicas a los consumidores.
Ricardo Monreal, de Morena, señaló que existen numerosas quejas de usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por retrasos excesivos o trabas impuestas por los bancos al momento de cancelar una tarjeta. Explicó que estas prácticas contravienen el derecho de los clientes a decidir libremente sobre sus productos financieros.
La iniciativa plantea que la cancelación sea efectiva sin condiciones adicionales ni la obligación de acudir presencialmente a sucursales, lo que permitirá simplificar el procedimiento mediante medios electrónicos o telefónicos. Además, contempla sanciones para las instituciones que incumplan el plazo de tres días hábiles.
Monreal refirió que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 arrojó que la tenencia de tarjetas de débito y crédito ha mantenido una tendencia ascendente desde 2018, ya que seis de cada diez personas adultas cuentan con una tarjeta de débito y, en términos absolutos, circulan en el país más de 37 millones de tarjetas de crédito, con un saldo de financiamiento que supera los 630 mil millones de pesos.
El legislador destacó que la medida fortalecerá la confianza en el sistema financiero y evitará abusos derivados de comisiones o intereses generados tras la solicitud de cancelación de tarjetas bancarias. También subrayó que la propuesta se alinea con los principios de protección al consumidor y eficiencia administrativa.
“No tengan duda de que al hacerlo consolidaremos un marco jurídico que respete la autonomía de la voluntad, fortalezca a nuestro sistema financiero y, sobre todo, asegure lo esencial: que las instituciones estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones”, subrayó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y eventual dictamen.
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Cortesía de El Informador
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