Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia en una mañanera que las instituciones bancarias que operan en México hacen aportaciones al Fondo de Protección del Ahorro Bancario que administra el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo hace desde una postura facciosa.
Cada mañana en Palacio Nacional se hace un ejercicio propagandístico que tiene como audiencia objetivo la feligresía del movimiento creado por López Obrador, pero su principal protagonista tiene el puesto de titular del Poder Ejecutivo.
Cuando su objetivo es aquellos que abrevan felices del populismo, entonces viene muy bien despotricar contra el Fobaproa, ponerlo erróneamente en la misma canasta que el IPAB, reubicar a los banqueros como los ruines participantes de la economía mexicana y quitarles el beneficio fiscal de sus aportaciones al fondo emergente.
Aplauso de pie por no dejar morir aquel discurso que dio forma a una oposición que con argumentos mentirosos logró construir una masa electoral que los encumbró hasta donde están.
Pero cuando la Presidenta de México anuncia como un hecho que se acabó tal deducibilidad para los bancos, está anulando el trabajo que al respecto tendrían que hacer tanto el Poder Legislativo, que debería discutir una iniciativa en ese sentido, como el Poder Judicial, que eventualmente debería recibir algún recurso por parte de esas instituciones, en su derecho a proteger sus intereses.
Hacer un anuncio así, en esos términos dogmáticos, no es un abono a la confianza. Si se quiere hacer un cambio fiscal es suficiente incluirlo en la Miscelánea presentada ayer al Congreso. Lo que pesa y cuenta es la forma como en la mañanera se quiere reencender la hoguera de leña verde en contra de los bancos.
El monto que se busca recaudar ayuda, pero no es un diferenciador en términos del gasto público, y para los bancos la manera como gestionen esa cantidad que no podrán deducir seguro que no les constituye ningún boquete importante.
Lo que cuenta es revivir esa animadversión en contra de estos negocios financieros, cuando en realidad la gran mayoría de las 50 instituciones bancarias que hoy operan en México y aportan al fondo del IPAB, no fueron beneficiarias de lo que esta izquierda presenta como el saqueo del Fobaproa.
Más allá de la operación descontrolada de la banca reprivatizada de inicio de los 90 del siglo pasado, el resultado tras una gran crisis, como lo fue el IPAB es un elemento central de la estabilidad financiera del país y merecería reconocimiento y respeto, primero que nadie, de todos los funcionarios públicos.
Hoy la confianza está abollada por la percepción de una excesiva concentración del poder presidencial y por ello es importante cuidar todas estas formas que parecen confirmarlo.
No es lo mismo que en pleno derecho y facultad, el Poder Ejecutivo proponga una modificación fiscal, como terminar con esa deducibilidad bancaria, que dar por hecho el castigo a los banqueros a los que se sigue presentando como abusivos de su poder económico.
La economía mexicana requiere señales claras de estabilidad y revivir viejas narrativas de confrontación con los bancos no ayuda. Tampoco ayuda el no mostrar respeto a los procesos legislativo y judicial.
Cortesía de El Economista
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