Por Manuel Espino
• Tiraderos clausurados siguen operando en varias regiones del país, con impactos directos en la salud pública.
• Ignorar o violar sellos oficiales implica delitos que también alcanzan a funcionarios omisos.
México enfrenta una paradoja ambiental: mientras se emiten clausuras y sanciones contra tiraderos irregulares, muchos de estos sitios continúan operando como si nada hubiera ocurrido. El resultado es un pasivo ambiental creciente que contamina acuíferos, degrada suelos y expone a miles de personas a riesgos sanitarios permanentes.
Cada año, el país genera decenas de millones de toneladas de residuos sólidos urbanos y cientos de millones de toneladas de desechos de distinta naturaleza. Buena parte de estos residuos termina en instalaciones que incumplen la normatividad ambiental, aun cuando cuentan con permisos administrativos que, en la práctica, no se traducen en supervisión efectiva.
Las estadísticas oficiales muestran que, de más de dos mil sitios de disposición final registrados, apenas una fracción cumple con los requisitos de la NOM-083. Los demás operan sin control adecuado de lixiviados, sin manejo de biogás y sin medidas suficientes para prevenir incendios, derrames y emisiones contaminantes.
El impacto no es menor: millones de metros cúbicos de suelo han sido afectados, más de 200 cuerpos de agua presentan contaminación asociada a residuos, y los incendios en rellenos sanitarios se han vuelto un fenómeno recurrente. El costo económico de esta degradación, medido por el INEGI, supera los 2.5 billones de pesos.
En respuesta, la PROFEPA ha intensificado acciones de inspección y clausura a nivel nacional, marcando un giro en la política ambiental. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de algo básico: que las clausuras se hagan cumplir. La ley es clara al señalar que romper sellos, desacatar resoluciones o permitir la operación de un sitio clausurado constituye un delito, con responsabilidades que alcanzan tanto a empresas como a autoridades que toleren estas conductas.
Diversos casos recientes ilustran el problema: rellenos con clausura definitiva que siguen recibiendo residuos; sitios donde los incendios y lixiviados han generado emergencias ambientales; concesiones de largo plazo que dejaron instalaciones saturadas y sin remediación real; y operaciones que solo se han detenido tras la intervención del Poder Judicial.
Estos episodios dejan una advertencia contundente: sin vigilancia constante, la clausura se convierte en un trámite simbólico. La autoridad no puede limitarse a sancionar; debe ser la primera en garantizar el cumplimiento de la ley. De lo contrario, los tiraderos irregulares seguirán operando, enfermando comunidades y acumulando un daño ambiental que, tarde o temprano, terminará pagando el país entero.
Dejanos un comentario: