El Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México decidió negar un amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el cual buscada desechar las acusaciones en su contra por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a la petrolera estatal y, cuya dueña era Altos Hornos de México, comandada entonces por Alonso Ancira, quien incumplió el acuerdo reparatorio por el mismo asunto.
Por unanimidad el tribunal confirmó la decisión tomada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal que en un inicio había desestimado que se analizara la prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que Lozoya buscaba y por el que la Fiscalía General de la República (FGR) desea imponerle 15 años de prisión.
El caso de Agronitrogenados se remonta al 2013, cuando se pactó por parte de Lozoya y Ancira la compra de la planta de producción de fertilizantes, la cual no se encontraba en operación desde hace más de 20 años.
La FGR acusa a Lozoya de haber recibido sobornos por 3.4 millones de dólares para que Pemex autorizara su compra.
Por su parte Ancira, quien fue puesto en libertad tras firmar un acuerdo reparatorio, en el cual se comprometía a pagar como indemnización al Estado mexicano más de 200 millones de dólares, incumplió el pacto y ha interpuesto recursos legales para cancelar el acuerdo.
“El acuerdo que fue suscrito por Pemex frente al juez ya no es válido; por lo tanto, reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad y, a través de la cooperación internacional, procederemos en su contra donde quiera que esté”, afirmó el fiscal general Alejando Gertz Manero durante la conferencia de prensa presidencial del pasado 12 de agosto.
Lozoya afronta este caso, así como los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, desde su casa ya que, el año pasado, un juez determinó cambiar la medida cautelar que tenía y validó su salida del Reclusorio Norte en donde estuvo desde noviembre del 2021.
En respuesta la Fiscalía General de la República lamentó la decisión y acusó a los juzgadores de darle “privilegios” al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto.
Cortesía de El Economista
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