Niegan autorización ambiental a la Sedena en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le negó al Ejercito Mexicano la autorización de impacto ambiental para construir las instalaciones de una Policía Militar en el municipio de Othón P. Blanco por haber iniciado el desmonte de más de 45,000 metros cuadrados de selva sin previa autorización. 

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se permitió a las fuerzas armadas arrancar obras con “permisos provisionales” que ni siquiera están previstos en la normatividad ambiental, pero en esta ocasión, al volver a iniciar obras sin ningún tipo de estudios para después tramitar los permisos, la Semarnat señala de manera puntual que las fuerzas armadas han violado los artículos 28, fracciones VII y IX y 30 de la LGEEPA, y 5, incisos O), fracción I y Q) del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA).

El proceder de la Secretaría de la Defensa Nacional, al iniciar desmonte de un predio sin tramitar la autorización de impacto ambiental “hizo perder el carácter preventivo del trámite en materia de Impacto Ambiental, debido a realizar el cambio de uso del suelo de áreas forestales en una superficie de 45,531.11 m’, con vegetación de tipo selva mediana subperennifolia, y haber comenzado la construcción de las obras que conforman el proyecto, los cuales cuentan con un gran avance en su desarrollo”, se lee en el resolutivo de la Semarnat.

Además de la negativa, Semarnat remite al Ejército ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que “en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo correspondiente al iniciar obras y actividades sin contar con la autorización respectiva”, se lee en el resolutivo que se publica en la Gaceta Ecológica de Semarnat.

Las obras que ya había iniciado el Ejército sin autorización son “instalaciones con espacios funcionales, áreas de descanso, infraestructura para el mantenimiento y almacenaje de equipo, así como sistemas que contribuyan al manejo eficiente de los recursos para el Cuerpo de Policía Militar y a las Compañías de la Guardia Nacional, específicamente las Compañías G.N. Cap. 150 y 210”.

De acuerdo al documento, con fotografías ilustrativas, se identificó “la remoción de la vegetación existente y por ende, el cambio de uso del suelo de áreas forestales en una superficie de 45 mil 531.11 m2, con vegetación de tipo selva mediana subperennifolia, así como un gran avance en la construcción de la infraestructura que conforma el proyecto”.

Antecedente

Previamente, el Ejército Mexicano también inició obras sin autorización en el caso del Tren Maya y sus seis hoteles, el Aeropuerto de Tulum y un sinnúmero de bancos de material en Tulum, Playa del Carmen y Cancún para las distintas obras de infraestructura que ejecutó en Quintana Roo.

De hecho, apenas en mayo de 2025 iniciaron el trámite de autorización ambiental para regularizar la operación de cuatro bancos de material pétreo en Quintana Roo para el Tren Maya, los cuales iniciaron la extracción de roca muchos meses antes de siquiera solicitar los permisos.

Dos de estos cuatro bancos de material se encuentran en el municipio de Playa del Carmen. En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se reconoce que se trata de bancos donde se inició la extracción de material previo a la tramitación de los permisos, por lo que un año después iniciaban los trámites para regular su operación.

“Para iniciar con las actividades de remoción de vegetación para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se cuenta con una autorización provisional con oficio no. SRA/DGIRA/DG-01427-23 en el cual se solicitó una superficie de 22.5941 hectáreas (y de 52.3 hectáreas en el segundo banco de material) de afectación al predio”, se lee en el documento.

Estos permisos provisionales son los mismos que la Semarnat entregó al Tren Maya una vez que iniciaron el desmonte de selva sin contar siquiera con el proyecto ejecutivo, ni mucho menos los estudios de impacto ambiental en la zona.

La autorización de impacto ambiental tiene como objeto anticipar las consecuencias negativas que pueda tener en el entorno un determinado proyecto, por lo que los “permisos provisionales” contravienen todo el espíritu de esta normativa, al permitir arrancar obras sin que se mida previamente el impacto de los trabajos.

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Cortesía de El Economista



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