Nigeria atraviesa desde hace años una crisis de seguridad marcada por numerosos desafíos, entre los que destacan las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en el noreste, a las que se suman el aumento de los enfrentamientos entre comunidades de agricultores y pastores por el control de tierras fértiles, las ambiciones separatistas de los igbo en el sureste y el auge de las bandas criminales en partes del centro y el norte del que es el país más poblado de África.
La situación, a la que consecutivos gobiernos no han logrado poner freno y que ha llevado a Abuya a declarar el estado de emergencia, ha sumido al país, o al menos a diversas partes del mismo, dado que tiene una extensión superior a la de Francia y Alemania combinados, en una crisis humanitaria marcada recientemente por un deterioro de los niveles de hambruna, azuzados por el aumento de los ataques por parte de diversos actores armados.
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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya alertó a finales de noviembre de que las proyecciones apuntan a que cerca de 35 millones de personas –de un total de más de 230 millones– podrían sufrir inseguridad alimentaria grave durante la temporada de escasez en 2026 –entre junio y agosto–, lo que supondría un máximo desde que hay cifras en el país africano.
La situación es especialmente acuciante en el norte de Nigeria, que atraviesa su mayor crisis de hambre en una década, con seis millones de residentes en esta parte del país en las proyecciones de sufrir niveles de crisis de hambre en la temporada de escasez de 2026, con los niños en especial riesgo en los estados de Borno, Sokoto, Yobe y Zamfara.
El director del PMA en Nigeria, David Stevenson, afirmó que “las comunidades están bajo una gran presión por los repetidos ataques y el estrés económico”, antes de alertar que “si no es posible alimentar a las familias y mantener controlada la inseguridad alimentaria, la creciente desesperación podría alimentar un aumento de la inestabilidad, dado que los grupos insurgentes explotarían el hambre para expandir su influencia, generando una amenaza de seguridad que se expande a África occidental e incluso más allá”.
De hecho, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, reivindicó en octubre la autoría de su primer ataque en Nigeria, mientras que Boko Haram e ISWA han mantenido sus actividades en la zona de la cuenca del lago Chad y grupos a los que Abuya se refiere como “bandidos” han incrementado sus incursiones contra objetivos blandos como escuelas o iglesias para llevar a cabo secuestros con los que reclamar el pago de rescates.
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La crisis humanitaria se ha visto ahondada por el cambio climático, que ha empujado a diversas comunidades desde el norte hacia el centro debido al avance de la desertificación y la ausencia de recursos, lo que ha derivado en un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios por el control de tierras debido al aumento de la competición por los recursos, unos enfrentamientos alimentados en parte por las acusaciones contra los fulani –principalmente, pastores– por ser una importante fuente de reclutamiento de grupos yihadistas.
Operaciones de yihadistas y “bandidos”
Los grupos yihadistas como Boko Haram, cuyo nombre oficial es Grupo en Defensa de la Tradición del Profeta para la Predicación y la Yihad y fundado en 2002 por Mohamed Yusuf –on un foco especial en el rechazo a la influencia occidental en el país a través de la educación–, han sido una de las principales amenazas de seguridad para las autoridades durante cerca de dos décadas.
Boko Haram, que se centró en un primer momento en la prédica y lanzó una insurgencia armada en 2009 tras la muerte de Yusuf a manos de las fuerzas de seguridad, logró bajo la férula de su sucesor, Abubakar Shekau, controlar grandes partes del noreste, si bien durante los últimos años ha sufrido diversas escisiones, entre las que destacan ISWA y Ansaru, que se ha movido hacia otras zonas para intentar expandir sus operaciones y no competir directamente con sus dos rivales yihadistas.
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A ellos se suman Mahmuda, otra facción de Boko Haram que opera principalmente en el oeste, y un grupo conocido como Lakurawa, responsable de ataques en el noroeste y que se presentó en un inicio como una milicia de autodefensa para virar hacia posiciones extremistas en las zonas que controla, llegando a ser declarada como una organización terrorista.
Al margen de estas estructuras están aquellos grupos, de diverso tamaño y relevancia, a los que las autoridades describen como “bandidos” y que, más que por un objetivo ideológico, están impulsados por acciones que les permitan obtener beneficios económicos, por lo que han centrado sus actividades en los secuestros.
La situación refleja que el país hace frente a una crisis multifacética, sin datos suficientes para apuntar a una motivación estrictamente religiosa en estos ataques, centrados en zonas de mayoría musulmana –con musulmanes como principales víctimas– del país, en el que los cristianos suponen el segundo grupo religioso más importante.
Las acusaciones de Trump
Sin embargo, el repunte de la inseguridad ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos cargos de su Gobierno a señalar a las autoridades por su supuesta inacción o incluso aceptación de lo que describen como un “asesinato masivo” de cristianos, llegando a hablar de un “genocidio” y a amenazar con una intervención militar.
El deterioro de las relaciones quedó marcado el 31 de octubre, cuando Trump anunció la designación de Nigeria como un país de preocupación particular bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, tras lo que el 1 de noviembre amenazó con cortar la entrega de ayuda a Abuya y ordenó al Pentágono que “preparara posibles acciones” en “un país caído en desgracia”.
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En respuesta, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró en redes sociales que su departamento “se prepara para la acción”. “O bien el Gobierno nigeriano protege a los cristianos o mataremos a los terroristas islamistas que cometen estas atrocidades”, amenazó, mientras que el Departamento de Estado ha anunciado este miércoles restricciones de visado a personas de Nigeria y otros países no especificados en respuesta a los “asesinatos masivos” y la “violencia” contra cristianos.
El foco desde Washington en este “genocidio contra los cristianos” no tiene en cuenta la complejidad de la situación –incluido el hecho de que la mayoría de los ataques por parte de separatistas en el sureste son miembros de la comunidad igbo, mayoritariamente cristianos y que declararon en 1967 la independencia de Biafra, lo que derivó en una guerra civil de tres años– y podría incluso jugar a favor de los esfuerzos de propaganda de grupos yihadistas que pretenden presentar el conflicto como una guerra religiosa.
La gravedad de la crisis de seguridad, en cualquier caso, ha provocado la salida del cargo del ministro de Defensa, Badaru Abubakar, si bien bajo el argumento de problemas de salud, mientras que el presidente, Bola Tinubu, ha insistido en que las autoridades respetan la libertad religiosa y trabajan para garantizar los derechos de toda la población frente al extremismo, una versión respaldada por la Unión Africana (UA), que ha recalcado recientemente que “no hay un genocidio” en el país.
“La complejidad de la situación en el norte de Nigeria debería impulsarnos a pensar dos veces antes de hacer ese tipo de declaraciones”, dijo a mediados de noviembre el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, quien sostuvo que “las principales víctimas de Boko Haram son musulmanes, no cristianos” y que “la complejidad en la parte norte de Nigeria no debe ser tomada a la ligera”.
Cortesía de El Economista
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