La propuesta anunciada por el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, en el sentido de regularizar hogares invadidos mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ha sido rechazada por una parte del sector empresarial del país, el cual afirmó que la medida amenaza institucionalizar la ilegalidad y pone en riesgo el patrimonio del organismo público.
En un comunicado conjunto firmado por distintas cámaras empresariales, se indica que, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la “propiedad privada está resguardada”, indispensable que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
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“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”, se puede leer en la postura firmada por las siguientes organizaciones:
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
- Confederación Patronal de la República Mexicana.
- Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.
- Consejo Nacional Empresarial Turístico.
En la postura se remarca que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, “no para avalar las ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”.
Se estima que, de las 168,000 viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000, 86% están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Infonavit ni con los legítimos propietarios.
“Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, se explica en el documento de la postura.
El pasado 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle vivienda a quien le pertenece” por lo que no debe de haber malas interpretaciones al respecto.
En este sentido, las organizaciones firmantes indicaron que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco institucional.
Alerta por viabilidad
En el documento, se hace referencia a los números del Infonavit, especialmente al del índice de morosidad, que del 2018 al 2024 pasó de 7.8% a 18% y si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera podría ascender a 32 por ciento.
“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, se lee en el documento.
Asimismo, se refiere que, desde la administración anterior, ya se había instruido a que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. “Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito”.
En este sentido, las organizaciones firmantes indicaron que rechazan cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigen a la Asamblea del Infonavit detener cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley. “El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes”.
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Cortesía de El Economista
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