La elección del Poder Judicial sufrió impugnaciones durante todo el proceso, desde que era reforma hasta que concluyeron los votos, y ahora partidos de oposición y organizaciones civiles buscan repetir la receta: empantanarlo una última vez, luego de que la SCJN no pudiera tumbarla el año pasado a falta de votos en el pleno.
Ciudad de México, xx de junio (SinEmbargo).– La elección judicial ha concluido, las votaciones han sido ratificadas por los órganos electorales, se han entregado constancias de mayorías, y ahora se debate sobre candidaturas específicas y si tienen validez o no. Sin embargo, hay un último y nuevo esfuerzo, de los muchos que hubo a lo largo de todo el camino, incluso cuando apenas era una reforma embrionaria, para tumbar el proceso completo, por parte del PRIAN, a los que se han sumado organizaciones “de la sociedad civil”, para llevar el caso, otra vez, a la Suprema Corte, todavía presidida por la Ministra Norma Piña.
Este jueves, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, y los representantes jurídicos del partido, Roberto Gil Zuarth –candidato fallido en la elección judicial– y Santiago Torreblanca, anunciaron la “ruta legal de resistencia” del Partido Acción Nacional para impugnar y solicitar la anulación total de la elección judicial del 1 de junio.
Gil Zuarth detalló que el PAN presentará ante las autoridades competentes, en un plazo de 72 horas, una impugnación sustentada en la figura del tercero interesado, contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Mediante este recurso, se solicitará tanto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la nulidad total del proceso, “debido al cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral”.
El lunes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había hecho lo propio. Su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, presentó un recurso de impugnación de la elección judicial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de demandar su anulación, al considerar que “se violaron de manera flagrante los principios constitucionales”.
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