El Servicio de Administración Tributaria difundió la tarjeta informativa 16/2025 con el fin de aclarar diversas interpretaciones que surgieron tras la aprobación de las reformas fiscales enfocadas al combate de comprobantes falsos. Aunque el mensaje oficial destaca un enfoque dirigido y acotado, el marco legal aprobado para 2026 introduce cambios que merecen revisarse con detenimiento, especialmente para quienes operan cadenas de suministro amplias o manejan altos volúmenes de transacciones.
Postura del SAT: medidas focalizadas, no masivas
En su comunicado, el SAT señala que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación están orientadas exclusivamente a combatir a quienes emiten facturas falsas con fines de evasión fiscal. El mensaje subraya que no se trata de un programa generalizado, sino de acciones focalizadas y justificadas.
El organismo también aclara que:
- No existe prisión preventiva automática para cualquier contribuyente.
- Se garantiza debido proceso y derecho de audiencia.
- No se crean nuevas facultades para congelar cuentas bancarias.
- Las personas contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal conforme a su capacidad económica.
Este posicionamiento busca transmitir certeza, particularmente frente a reportes que advertían escenarios más amplios o restrictivos de lo aprobado por el Congreso.
Qué establece realmente el marco legal 2026
Si bien la narrativa institucional destaca el carácter limitado de estas facultades, el texto de las reformas contempla elementos que amplían el alcance de la fiscalización, tanto en materia administrativa como en el acceso a información financiera y digital.
Ampliación de presunciones y alcance más allá de los emisores
Las reformas reforzaron los mecanismos para identificar operaciones simuladas, lo que incluye:
- Presunciones más amplias sobre depósitos en cuentas, sin limitarse a instituciones bancarias tradicionales.
- Posibilidad de restringir sellos digitales tanto a emisores como a receptores de CFDI presuntamente falsos que no corrijan en 30 días.
- Negativas de inscripción al RFC en casos de riesgo fiscal.
Aunque en teoría el objetivo son las factureras, en la práctica la red de impacto se extiende hacia clientes, proveedores y empresas con patrones financieros atípicos.
Interacción entre presunciones fiscales y riesgo penal
Aunque el SAT afirma que nadie será sujeto a prisión preventiva solo por sospecha, el nuevo esquema penal sí considera supuestos donde la facturación falsa se investiga con mayor severidad. Una resolución administrativa que presume operaciones simuladas puede convertirse en un insumo relevante para una carpeta de investigación del Ministerio Público.
Esto no implica afectación automática, pero sí eleva el estándar de cuidado documental para sectores expuestos.
Acceso ampliado a información financiera y uso de embargos existentes
El comunicado indica que no se crearon nuevas facultades para congelar cuentas, lo cual es formalmente correcto. Sin embargo, el marco normativo sí permite:
- Solicitar información a toda entidad financiera, no solo a instituciones de crédito.
- Presumir ingresos a partir de depósitos salvo prueba en contrario.
Esto expande la capacidad operativa del SAT para justificar embargos con figuras ya existentes, pero ahora con un universo de información mucho más amplio.
Fiscalización con evidencia audiovisual y acceso a plataformas
Las reformas permiten que, durante visitas domiciliarias, se incorporen fotos, audios y videos como medios de prueba. También se establece que ciertos prestadores de servicios digitales deben otorgar acceso en línea y en tiempo real a información relevante para la fiscalización.
Esto genera escenarios de revisión más detallados y procesos donde la defensa debe considerar elementos técnicos adicionales, como metadatos y trazabilidad digital.
Matriz comparativa: lo que dice el SAT vs. lo que establece la ley
| tema | posición del SAT | contenido real de la reforma | efecto práctico | riesgo jurídico |
|---|---|---|---|---|
| alcance de las medidas | Enfoque en emisores de facturas falsas; no es un programa masivo. | Presunciones amplias aplicables a emisores, receptores y terceros vinculados. | Empresas formales pueden verse involucradas por relación con terceros. | Debates sobre proporcionalidad y alcance de presunciones. |
| prisión preventiva y delitos | No habrá prisión preventiva por simple sospecha. | Nuevos supuestos penales y alineación con delitos de prisión preventiva oficiosa. | Mayor relevancia de resoluciones administrativas en procesos penales. | Litigios sobre estándar probatorio y presunción de inocencia. |
| cuentas bancarias | No hay nuevas facultades de congelamiento. | Acceso ampliado a información financiera y presunciones sobre depósitos. | Mayor probabilidad de embargos con fundamentos preexistentes. | Controversias por uso extensivo de presunciones. |
| fiscalización digital | Se respeta debido proceso. | Registros audiovisuales y acceso a plataformas en tiempo real. | Fiscalización más intrusiva y técnica. | Impugnaciones por privacidad, cadena de custodia y proporcionalidad. |
| sellos digitales y RFC | Medidas dirigidas a factureras. | Cancelación o restricción por vínculos con EFOS o falta de corrección. | Impacto en empresas receptoras de comprobantes cuestionados. | Riesgo de paralización operativa y litigio urgente. |
| garantía del interés fiscal | Puede garantizarse conforme a capacidad económica. | Suficiencia evaluada desde el ofrecimiento y armonización de figuras. | Menor margen para ajustes posteriores. | Debates sobre proporcionalidad y razonabilidad de montos. |
Una fiscalización más amplia y más técnica
El contraste entre discurso y normativa muestra que, aunque el objetivo declarado sigue siendo combatir a las factureras, la estructura legal aprobada incrementa el alcance operativo del SAT. Las presunciones sobre depósitos, la supervisión digital reforzada, la posibilidad de suspender sellos digitales y el acceso ampliado a información financiera dibujan un modelo de revisión más exhaustivo.
Frente a este entorno, la gestión documental, la materialidad de operaciones, la trazabilidad financiera y la verificación de proveedores toman un papel más relevante para empresas de todos los tamaños.
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Cortesía de El Contribuyente
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