Nuevas reglas antilavado impulsan adopción de IA

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), publicada en julio pasado, amplió las obligaciones de las empresas al exigir sistemas automatizados más robustos para el monitoreo continuo, la evaluación de riesgos y la detección de desviaciones en los patrones transaccionales, especialmente a quienes realizan actividades vulnerables.

En este nuevo escenario, la firma especializada en verificación de identidad, Sumsub señala que las herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) están cobrando especial relevancia.

Esto se debe a que, en un entorno con un alto volumen de transacciones y una digitalización acelerada, la IA permite detectar patrones anómalos, automatizar procesos de autenticación y analizar operaciones en tiempo real.

Además, el crecimiento del comercio electrónico, el uso de criptomonedas y las inversiones transfronterizas ha ampliado los canales potenciales para operaciones ilícitas.

Por ello, la reforma incluye obligaciones específicas para quienes realizan actividades vulnerables relacionadas con activos virtuales, como obtener, conservar y poner a disposición de la autoridad información precisa sobre el originante, receptor y, en su caso, beneficiario controlador.

“Una verificación puede tardar días o unos pocos segundos; la diferencia está en la tecnología y los datos que utilizas. Con soluciones automatizadas de verificación de identidad, las empresas no solo cumplen con la norma, sino que también reducen costos y elevan la confianza del mercado”, señala José Pablo Diethelm, jefe de asuntos jurídicos y cumplimiento normativo de Sumsub Latinoamérica.

Diethelm subraya que el desafío central en la detección radica en identificar la “apariencia” de legalidad. Fondos ilícitos que simulan ingresos legítimos, o recursos lícitos desviados hacia fines ilegales, representan el reto más complejo para los sistemas de monitoreo.

Esta es la razón por la que el modelo tradicional basado en reaccionar ante alertas aisladas ha quedado rebasado.

La firma subraya que con la reforma y otros ajustes regulatorios, México avanza hacia un enfoque preventivo basado en riesgo, donde cada usuario, transacción o socio comercial se evalúa desde el inicio según su nivel de exposición. Integrado con soluciones automatizadas de IA, este método permite anticipar irregularidades antes de que escalen.

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Momento complejo

La reforma también establece un nuevo piso regulatorio, las entidades sujetas a supervisión deberán diseñar manuales personalizados de prevención, designar un oficial de cumplimiento, verificar la identidad del beneficiario final, definir procesos específicos para Personas Políticamente Expuestas y someterse a auditorías externas independientes.

El objetivo es cerrar la brecha tecnológica que persiste en el sector privado mexicano frente a otras economías.

Sin embargo, el fortalecimiento regulatorio ocurre en un momento desafiante. Según LexisNexis, el uso de “cuentas mulas”, personas reclutadas para introducir dinero ilícito al sistema financiero, se multiplicó 4.5 veces en cinco años.

Para febrero del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado 6,969 cuentas y congelado más de 4,450 millones de pesos vinculados con actividades sospechosas.

A ello se suma el repunte del fraude de identidad, uno de los principales riesgos para las fintech en México. Entre el primer trimestre del 2023 y el mismo periodo del 2024, este tipo de fraude aumentó 151%, de acuerdo con Sumsub.

Destacó particularmente el alza en comprobantes de domicilio falsos, cuya proporción pasó de 0.3 a 2.2% en un año, el nivel más alto registrado en Latinoamérica.

Ante este panorama, la firma resaltó que la aplicación de Inteligencia Artificial se consolidará como un componente central en la nueva arquitectura del cumplimiento.

Su capacidad para identificar patrones inusuales, automatizar verificaciones y analizar transacciones en tiempo real marcará la dirección hacia la que se orientará el sector en los próximos años.

Cortesía de El Economista



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