La economía digital, motor clave del crecimiento global en la última década, enfrenta en México un giro radical con la aprobación del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación. Esta disposición, parte del Paquete Económico 2026, obliga a todas las plataformas digitales —desde servicios de streaming y redes sociales hasta marketplaces y apps de movilidad— a permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso permanente, en línea y en tiempo real a sus sistemas internos, supuestamente para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Aunque la autoridad fiscal argumenta que la medida modernizará la recaudación y combatirá la evasión, la industria tecnológica, organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales advierten que esta iniciativa podría transformarse en el mayor sistema de vigilancia digital en la historia del país.
Vigilancia sin precedentes
De acuerdo con el texto aprobado por la Cámara de Diputados, el incumplimiento de esta obligación permitirá al SAT bloquear temporalmente los servicios digitales. En la práctica, esto significa que una plataforma podría quedar completamente inaccesible para millones de usuarios en México hasta que cumpla con la medida.
Para Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn, la propuesta representa “una interferencia desproporcionada en derechos fundamentales” como la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso. “El acceso en línea y en tiempo real es en sí mismo un acto de molestia sin garantías judiciales claras”, señaló.
Además del riesgo para los derechos individuales, empresas y organizaciones como Artículo 19 y la Alianza Latinoamericana de Internet (ALAI) —que agrupa a gigantes como Meta, Google, Amazon, Mercado Libre y TikTok— alertaron que esta facultad podría derivar en censura indirecta. “El bloqueo de plataformas no es equiparable al de un casino. Se trata de espacios donde millones de personas ejercen derechos humanos como la libertad de expresión y el acceso a la información”, advirtió Artículo 19.
Bloqueo total: una “muerte digital” para empresas
La Asociación de Internet MX advirtió que las sanciones podrían traducirse en la “muerte digital” temporal o definitiva de plataformas enteras. “Si el SAT, el IMSS o el Infonavit ordenan el bloqueo, el servicio dejaría de estar disponible en todo el país mientras dure el incumplimiento. Esto implicaría pérdidas económicas gigantescas y afectación directa a millones de usuarios”, señaló la organización.
Las críticas también apuntan a que el artículo no establece límites técnicos ni control judicial previo, lo que permitiría al Estado acceder a información sensible, datos transaccionales, patrones de comportamiento y flujos financieros sin supervisión independiente.
Impacto económico: riesgo para las pymes y el comercio electrónico
El impacto no solo será legal y tecnológico. Según Mercado Libre, más de un millón de pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas por el nuevo esquema de vigilancia y retención simultáneas. “Los porcentajes de retención reducen el flujo de capital mensual de las pymes, que operan con márgenes entre el 2% y el 6%. Esto limita su capacidad de compra, inversión y generación de empleos”, explicó David Geisen, director general de la plataforma en México.
En la práctica, el modelo encarecería el costo de la formalidad y aumentaría la carga regulatoria, dificultando la operación de negocios digitales que dependen de ingresos constantes para sobrevivir.
Riesgos para la democracia digital
La ALAI sostuvo que la reforma contradice principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al permitir acceso total y sin justificación a la información ciudadana. Al carecer de salvaguardas legales, la fiscalización se convierte en monitoreo constante sobre actividades económicas, comunicativas y sociales.
Según organizaciones como la R3D, el artículo 30-B coloca a México en una ruta similar a países con regímenes de vigilancia estatal intensiva como China, Rusia o Turquía. “Recaudar es un fin legítimo, pero no puede ser excusa para vulnerar otros derechos fundamentales”, advirtió la organización.
Un cambio histórico en el ecosistema digital
La reforma aún debe ser aprobada por el Senado y promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor el 1 de abril de 2026. Si se mantiene sin modificaciones, el SAT pasará de ser una autoridad fiscal a un observador constante de la economía digital, con capacidad para intervenir en tiempo real en la infraestructura tecnológica que sostiene el comercio, la comunicación y la interacción social en línea.
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