El Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada concluyó este jueves el proceso de recopilación de información, para determinar si el fenómeno de la desaparición es sistemático o generalizado en México.
Luego de nueve días de trabajo, los 10 miembros del Comité preponderarán el paso que sigue como consecuencia de la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La Relatora de Naciones Unidas, María Definis, informó que “a su debido tiempo, en un documento motivado, se harán públicos los próximos pasos del procedimiento”.
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Madres buscadoras y colectivos dedicados a la defensa de las garantías individuales, confían en que el dictamen sea contundente y traslade con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General de la ONU, para que determine las medidas más apropiadas para ponerle alto al fenómeno.
“Nos quedamos con una decepción muy grande porque esperábamos una respuesta para todas las familias que están a la espera, pero la confianza sigue. Si no fue en este momento, seguramente después vendrá lo bueno”, dijo María Luisa Lazarín, madre de Israel Torres Lazarín, desaparecido el 18 de junio de 2009 en Torreón, Coahuila.
“Esperamos tener una buena respuesta y que sea para bien, después de tanto trabajo; porque no hay investigación y nuestra intención es la de trabajar juntos para llegar a la verdad, la justicia, encontrarlos a ellos y se detengan las desapariciones”.
Fuentes consultadas que participaron en las reuniones en Ginebra, explicaron que el Comité no llegó en esta fase a una conclusión porque no quiere precipitarse; la decisión que adopte marcará un antes y después al no haber precedente sobre cómo debería funcionar el artículo 34.
Además, la Asamblea General acaba de terminar sus trabajos en Nueva York y, en todo caso, la situación de México sería agendada para la próxima sesión. Otro factor que pudo haber influido, es la crisis financiera que enfrenta la ONU, la cual provocó una reducción de equipo humano y tiempo de sesiones.
México fue el octavo punto de agenda del Comité durante el periodo 29 de sesiones. Representantes del Estado mexicano presentaron un informe respondiendo las inquietudes expresadas por la ONU y solicitaron que el documento fuera tratado con carácter confidencial.
Integrantes de organizaciones como Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Consultora Solidaria, aseguran que, durante el examen, el Comité recibió información relevante para determinar que el Estado Mexicano ha sido incapaz de atender la problemática desde la raíz y garantizar la no repetición.
Este miércoles, previo a la sesión de clausura, miembros de colectivos como Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC), se reunieron con integrantes del Comité para abundar en las evidencias presentadas por escrito.
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Durante la reunión celebrada en las instalaciones del Alto Representante de Derechos Humanos de la ONU, enfatizaron en que la situación de desapariciones es generalizada en diversas regiones del país y la impunidad es casi absoluta. Solo 373 condenas en la materia emitidas entre 2017 y enero de 2025.
Recordaron que la ONU ha dictado 773 acciones urgentes relacionadas con México conforme al artículo 30, la mayor cantidad de órdenes emitidas a cualquier otro estado parte.
Insistieron en que todos los cambios normativos en México, se topan con falta de recursos humanos y financieros, así como con la omisión por atender la problemática desde una perspectiva estructural.
También hicieron énfasis en que el Gobierno de México aceptó la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales desde el año 2019 de acuerdo con el artículo 31, y que, desde su primera visita al país, los integrantes del organismo de la ONU constataron que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio.
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MV
Cortesía de El Informador
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