La orden de aprehensión contra el vicealmirante Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira, continúa vigente, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad.
A finales del mes pasado, Miguel Ángel Poo Romero, abogado de Farías Laguna, presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, luego de que la esposa del militar le notificara que su defendido había sido detenido en la capital del país.
En el escrito inicial de demanda, el abogado detalló que los agentes que detuvieron a Farías Laguna le indicaron que sería trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o a los separos del Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Poo Romero refirió que su cliente estuvo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aunque, según un informe justificado de la FGR, hasta el momento no ha sido citado formalmente.
Se informó que José Alberto Rodríguez Rivera, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito, concedió una suspensión provisional al vicealmirante, que temporalmente impedía su detención derivada de la orden de aprehensión vigente por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.
No obstante, fuentes del Gabinete de Seguridad aclararon que la orden de aprehensión en contra de Farías Laguna permanece activa y que las autoridades federales mantienen su búsqueda para que sea presentado ante los tribunales correspondientes.
El caso ha generado atención por el alto rango del militar involucrado y por el presunto uso de su posición en la Marina para facilitar operaciones de huachicol fiscal, un delito que consiste en la alteración de facturas y documentos fiscales vinculados con el comercio de combustibles.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas diligencias relacionadas con la captura efectiva de Farías Laguna, ni sobre el avance de las investigaciones en los puertos implicados. La Fiscalía General de la República mantiene confidencialidad sobre los detalles del caso, mientras el Juzgado Decimoprimero continúa el análisis de la demanda de amparo presentada por la defensa.
CT
Cortesía de El Informador
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