El gobierno, tanto el pasado como el actual, han escrito, con sus decisiones de política pública en general y de política económica en particular, lo que podría ser un recuadro en un libro de texto sobre teorías del crecimiento económico para ejemplificar lo que no hay que hacer.
La destrucción del arreglo institucional, que incluyó la reforma judicial que lo subordinó de facto al Poder Ejecutivo y la desaparición de los órganos autónomos del Estado, aunado a la captura del INE, eliminó los contrapesos al ejercicio autoritario del poder, que puede actuar con mayor discrecionalidad y mucho menor transparencia, lo que ha mermado significativamente la certeza jurídica e inhibido la inversión privada.
A esto hay que agregar decisiones erróneas en política fiscal, la inyección de casi dos billones de pesos a la quebrada Pemex sin siquiera hacer el intento de resolver sus problemas estructurales, los cambios regulatorios en materia energética que le dan mayor poder de mercado a las dos ineficientes empresas gubernamentales a costa de castigar a las más eficientes empresas privadas (lo cual también inhibe la inversión privada en toda la economía) y la canalización de más de un billón y medio de pesos a la construcción de obras públicas con rentabilidad social negativa que destruyeron riqueza nacional y redujeron el potencial de crecimiento económico.
También hay que mencionar el crecimiento en las transferencias gubernamentales vía varios programas, a costa de sacrificar presupuestalmente, entre otros, a los sectores educativo y de salud públicos, con su consecuente impacto en la formación y acumulación de capital humano. Y, finalmente, la expansión de la delincuencia que trajo no solo un significativo aumento en homicidios, sino también en la extorsión, que actúa como un impuesto adicional a los legales.
El resultado de tales decisiones está a la vista: el valor del PIB en el tercer trimestre de 2024 (con cifras ajustadas por estacionalidad), cuando finalizó el período presidencial de López, fue únicamente 5.7% superior al valor correspondiente al PIB del cuarto trimestre de 2018, lo que significó un crecimiento medio durante los 23 trimestres de solo 0.2% y una disminución del PIB por habitante de casi 6 por ciento.
El escenario para los próximos años, es decir, el sexenio de la presidente Sheinbaum, no pinta tampoco muy bien. De entrada, este año se espera que, en el mejor de los casos, el crecimiento sea de solo 0.8%, lo que implicaría una caída adicional del PIB por habitante. Más hacia adelante hay al menos cuatro elementos que afectarán el crecimiento.
Primero, la propuesta de reformas a la Ley de Amparo que eliminaría las suspensiones provisionales frente a actos de gobierno que vulneren los derechos individuales. De aprobarse tal reforma, se ampliarían las facultades para que el gobierno actúe discrecionalmente en detrimento de la propiedad privada, tanto en lo que toca al derecho a la posesión como en el derecho a su utilización, lo que reduciría aún más la certeza jurídica, impactando negativamente la inversión privada y el crecimiento. Además, al aumentar la incertidumbre sobre las salvaguardas legales al ahorro financiero, podría inducir una significativa salida de capitales con el impacto negativo que ello tendría sobre el financiamiento, la inversión, el tipo de cambio y la inflación.
Segundo, la debilidad estructural de las finanzas públicas frente a dos hechos. Primero, las persistentes pérdidas en todas las empresas gubernamentales que requieren transferencias para cubrirlas. Segundo, el crecimiento de las transferencias gubernamentales, particularmente las pensiones no contributivas como el programa de Adultos Mayores, así como el de otros programas que están indizados a la inflación. Estos dos, más el costo financiero de la deuda pública, dificultan reducir significativamente los requerimientos financieros del sector público, lo cual, junto con la conversión de deuda de Pemex a deuda soberana del gobierno, pone en riesgo el grado de inversión.
Tercero, la muy baja inversión pública en infraestructura. Los esfuerzos para bajar el déficit fiscal han llevado al gobierno a contraer todavía más la inversión, particularmente aquella que puede detonar una mayor inversión privada, como lo son vías de comunicación aérea, marítima y terrestre, y la que se realiza en el sector energético, como serían las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Invertir en más trenes de pasajeros no es la política correcta.
Cuarto, la política comercial de Trump y la próxima renegociación del T-MEC. Los aranceles a las exportaciones mexicanas hasta ahora se han centrado en pocos sectores (automóviles, acero y aluminio), pero la amenaza de imponer uno generalizado de 25% aún existe en un juego de chantaje en donde él decide si el gobierno mexicano está haciendo lo “suficiente” para combatir el tráfico de fentanilo. En este escenario, de un presidente estadounidense con una visión mercantilista de que el comercio internacional es un juego de suma cero, es que se renegociará el tratado de libre comercio. La incertidumbre, obviamente, inhibe la inversión y el crecimiento.
La destrucción institucional en el sexenio pasado y en el primer año de este, aunado a los cuatro elementos mencionados, permiten prever otro sexenio de muy bajo crecimiento económico.
Cortesía de El Economista
Dejanos un comentario: