El retorno a clases presenciales en el CCH Sur quedó condicionado por madres y padres de familia, quienes pidieron la instalación de detectores de metales fijos, un sistema de credencialización y nuevas medidas de seguridad que, por primera vez, contemplan su participación en rondines dentro y fuera del colegio.
La reunión, celebrada una semana después del asesinato de Jesús Israel “N” y que convocó a más de 300 padres de familia, estuvo marcada por fuertes críticas hacia la UNAM. Recordaron que estas exigencias no son nuevas, pues ya se habían presentado durante el paro de 2022 y tras la agresión a una alumna ocurrida en abril pasado, cuando se denunció la falta de funcionamiento de las cámaras de vigilancia.
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Reclamos directos al rector
En el encuentro, los asistentes señalaron la ausencia del rector Leonardo Lomelí Vanegas:
“Es una falta de respeto que mande a sus empleados y él no dé la cara. Suben videos diciendo que todo está bajo control, pero aquí nunca se ha parado”, expresaron.
Aunque funcionarios universitarios defendieron que “no se parte de cero” y recordaron que existen patrullajes y coordinación con instancias externas, los padres respondieron con firmeza:
“Si todo eso ya estaba, ¿por qué mataron a un alumno dentro del plantel? No queremos discursos ambiguos, queremos hechos. No venimos a pedir, venimos a exigir”.
Medidas tardías y exigencias
Las madres y padres lamentaron que las decisiones se tomen de manera reactiva: “Después del niño ahogado quieren tapar el pozo”, señalaron, recordando que desde 2021 existía un plan maestro de seguridad con cámaras, credenciales, protocolos y alumbrado que nunca se ejecutó. “Si se hubiera cumplido, no habría ocurrido el homicidio”, afirmaron.
El encuentro se prolongó más de cuatro horas en la explanada del plantel, frente a un altar con flores y veladoras en memoria del estudiante asesinado.
Uno de los puntos centrales fue la atención emocional para la comunidad. “Nuestros hijos están quebrados social y emocionalmente”, expresaron, y propusieron habilitar espacios de apoyo psicológico. Incluso, un padre advirtió: “Prefiero que mi hijo repruebe y pierda un semestre y no que lo maten”, exigiendo además que no se califique a los alumnos durante la crisis.
En respuesta, las autoridades reconocieron la falta de especialistas y anunciaron que a partir del 6 de octubre se sumarán 16 psicólogos adicionales, al menos por un mes.
Debate por detectores de metales y cámaras
El momento más tenso se produjo al discutir los detectores de metales. Los padres exigieron que sean fijos y se coloquen en la entrada principal y en el estacionamiento de profesores, además de solicitar un plano con su ubicación. La universidad indicó que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario desarrolla un plan integral con torniquetes, lectores de credenciales, reconocimiento facial y arcos detectores. Como primer paso, se comprometieron a entregar el viernes un cronograma de actividades con fechas de implementación y sostener una reunión de seguimiento el lunes.
En cuanto a las cámaras de vigilancia, los padres insistieron en que no solo deben existir, sino grabar, almacenar y estar disponibles para consulta en caso de emergencias. Se acordó que cada mes una empresa externa certificará su funcionamiento y publicará reportes en la página oficial del plantel.
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Vigilancia interna y próximos pasos
Otro de los reclamos fue la falta de personal de seguridad para custodiar las más de 11 hectáreas del colegio. Los padres cuestionaron la capacitación de los vigilantes y solicitaron cifras exactas. La universidad prometió entregar por escrito, el viernes, la cantidad de elementos por turno y la formación que poseen.
Todos los acuerdos serán revisados por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, que sesionará el 3 de octubre, mientras que una nueva mesa con padres de familia quedó programada para el 6 de octubre.
BB
Cortesía de El Informador
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