Llegó el día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará al Congreso de la Unión el primer paquete económico del gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum, y que contendrá el reto de reducir el mayor déficit de la historia, por lo que se esperan importantes recortes y eficiencias en el gasto público, además de un apretón de tuercas para los contribuyentes para 2025, que incluso pueda venir con una reforma fiscal.
La tarea no será sencilla con una perspectiva de menor crecimiento económico para el siguiente año, un precio más bajo para la mezcla mexicana de petróleo, un dólar más caro, aunque una inflación en mayor quietud y menores tasas de interés. Además de la mira de las tres calificadoras internacionales de crédito encima, de las cuales Moody’s Ratings modificó su perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, un día antes de la entrega del paquete.
“La administración que sale deja unas finanzas debilitadas. En los primeros años sí hubo un equilibrio presupuestario, una disciplina fiscal; en la pandemia el gobierno decidió no endeudarse, mantener el equilibrio, pero los últimos años vimos el aumento del déficit con el pretexto de terminar las obras prioritarias”, comentó José Luis Clavellina, director de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Para este año se espera que ese déficit alcance el 6% del PIB, y Hacienda prevé reducirlo a 3.5%. “Eso es más o menos un billón de pesos, entonces, un recorte así va a traer problemas para la economía, un menor gasto, una mayor desaceleración”, agregó el especialista del CIEP.
De entrada, los Precriterios Generales de Política Económica, adelantan un recorte de 706,000 millones de pesos, de los cuales 94% se prevé sea en gasto programable, es decir, el dinero que utiliza el gobierno para la entrega de bienes y servicios a la población, además de la operación de las instituciones públicas.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y encargado de entregar el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Unión, adelantó en comparecencia con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, esta misma semana, que “las economías de escala o eficiencias” vendrán por la eliminación de duplicidad de funciones, la digitalización de procesos, trámites e intercambio de información entre instituciones, además de la eliminación de subsidiarias de las empresas estatales; Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Todo recorte al gasto público representa menor dinamismo para la economía, especialmente si se hacen a proyectos de inversión pública, pues son los que detonan y atraen la inversión privada. Considerando ya un menor gasto público, reducción en las exportaciones y desaceleración en la inversión privada, órganos como el Banco de México, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reducido sus expectativas para la economía mexicana. Por igual Hacienda adelanta en los precriterios un menor ritmo de la economía.
Para el siguiente año, las proyecciones de estos tres organismos se sitúan entre 1.2% de Banxico y el 1.5% del Banco Mundial. Mientras Hacienda prevé un rango 2 a 3%, en Precriterios, y hoy dará a conocer si reduce o no este rango.
“Para 2025 se prevé que la desaceleración continúe hasta 1.3%, debido al ajuste fiscal previsto y a una coyuntura externa menos favorable”, advirtió el FMI en su última actualización para la proyección económica de México.
Un menor crecimiento económico representa menos recaudación para los ingresos, sobre todo los tributarios, ya que se cobran sobre las ganancias de las empresas, la generación del trabajo, que es el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR); además de los que se aplican al consumo que son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
¿Viene una reforma fiscal?
Hasta hace una semana el gobierno había rechazado llevar a cabo una reforma fiscal, al menos los primeros años, y que el incremento en la recaudación de impuestos vendría por una mayor fiscalización, como lo fue en la administración pasada, además de la digitalización de trámites y procesos para el cumplimiento de obligaciones fiscales.
No obstante, el martes pasado, Ramírez de la O aceptó que hay conciencia en el gobierno sobre la necesidad de cambios en esta dimensión, pero será Sheinbaum quien dé la primicia, en caso de que esto ocurra.
Ayer, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dijo que diputados de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México creen que “el país necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto, porque la distribución de la riqueza y la sociedad igualitaria a la que aspiramos requiere un mayor esfuerzo de los que más tienen, esa es nuestra filosofía: la progresividad fiscal”.
También en su comparecencia, De la O confirmó a diputados que hay espacio para cobrar impuestos a las grandes fortunas, pero “que las decisiones de política fiscal, sobre todo en materia de recaudación son decisiones políticas”.
Laboratorios de investigación en finanzas públicas como Fundar, CIEP, Oxfam y México Evalúa, a través de la Alianza x la Justicia Fiscal, ven en la revisión de los gravámenes a los más ricos oportunidades para generar más ingresos tributarios, y así evitar recortes sustanciales que afecten el ritmo de la economía.
Las propuestas de esta Alianza van enfocadas en modificar los tramos y las tasas del ISR sobre los estratos económicos de más ingresos, al igual que limitar sus beneficios fiscales, equiparar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital, transformar la tenencia en un impuesto verde, aplicar impuestos a los jets privados y los yates, también fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para recaudar el predial.
El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Héctor Amaya Estrella, expresó que “la implementación de una reforma fiscal que aumente la recaudación y reduzca la evasión tributaria, junto con la diversificación de los ingresos fiscales, serán esenciales para reducir la dependencia de ciertos sectores y lograr una mayor estabilidad financiera”.
Agregó que un desafío clave es combatir la informalidad y aumentar la recaudación fiscal, lo que requerirá un enfoque integral y sostenible que considere los factores demográficos y económicos del país.
Así, también ante la llegada de menores ingresos petroleros que se prevén para el siguiente año, en comparación con lo aprobado para 2024, los contribuyentes, serán el sostén de las finanzas públicas un año más.
En tanto, Moody’s Ratings duda de que Hacienda logre la consolidación fiscal, por lo que redujo su perspectiva de la calificación soberana de positiva a negativa , aunque la mantuvo en Baa2.
“Una mayor rigidez del gasto público dificultan la consolidación fiscal, tras la ampliación del déficit público este año, lo que supone una desviación de un historial de larga data de déficits bajos independientemente de las presiones económicas”, anotó.
Cortesía de Expansión
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