En los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación hay media docena de proyectos de infraestructura que involucran a entidades enclavadas en el Valle de México. Esa cifra se duplica, con las megaobras heredadas por el lopezobradorismo.
Si la palabra presidencial está empeñada, no hay pretexto que valga. En vísperas del primer aniversario de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la urgencia de concretar esas promesas resulta evidente. Ya sean las obras en el tramo faltante de El Insurgente, la concreción de la accesibilidad terrestre al AIFA, el trolebús elevado Santa Martha-Chalco, el saneamiento de las cuencas hídricas, las plantas recicladoras o el Bachetón, la federación ha tomado la iniciativa.
Compromisos cumplidos, ¿a costa de las finanzas estatales? Desde el inicio del sexenio, la Jefa del Ejecutivo ha realizado una minuciosa supervisión de los avances de estos proyectos metropolitanos. Ni la Jefa del gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ni los gobernadores del Estado de México, Delfina Gómez, y de Hidalgo, Julio Menchaca, han objetado esas intervenciones de la federación. Todo lo contrario.
Este núcleo económico metropolitano central abarca 2,086.3 kilómetros cuadrados y en el último ejercicio intercensal (2015) albergaba más de 20.5 millones de mexicanos en torno a la capital de la República mantiene una estabilización demográfica, con un declive poblacional en las zonas centrales y crecimiento en áreas periféricas, principalmente del Estado de México.
Medio centenar de alcaldías y municipios, con representantes populares de todos los signos partidistas en la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México. Los diputados locales de esas entidades acudirán a un encuentro con funcionarios federales para buscar nuevas rutas de colaboración y entendimiento.
La anfitrionía del encuentro quedó a cargo de Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos. La jornada inaugural contempla la participación de Rafael Muñoz Moreno, economista principal del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela, y Laura Ripani, representante del BID en el país.
Mandos superiores de Segob, Sedatu y la SABG; parlamentarios, académicos, dirigentes empresariales, y los titulares de las haciendas de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México respondieron a la convocatoria de los legisladores locales para suscribir un acuerdo a favor de la gobernanza y las finanzas públicas sostenibles en la megalópolis que circunda la capital del país, donde actualmente radica uno de cada tres mexicanos.
Al final del esfuerzo —confirma el diputado Pablo Trejo Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso CDMX— deberá quedar la ruta crítica para alinear el diseño normativo y las políticas con la asignación presupuestal en todos los niveles de gobierno de la zona metropolitana del Valle de México, lo que implica la construcción de reformas legales y mecanismos de coordinación intergubernamental que aseguren la concreción de proyectos metropolitanos estratégicos.
Por lo pronto, subsiste un cúmulo de vacíos y duplicidades en las leyes de planeación y hacienda en las entidades que conforman la megalópolis.
Trejo Pérez, representante de Iztacalco, y el secretario de Planeación de la CDMX, Alejandro Encinas Rodríguez, han promovido esta iniciativa bajo la premisa establecida en la fracción Q del apartado D del artículo 29 de la constitución capitalina.
¿Llegó la hora de conformar al Parlamento Metropolitano? ¿Y también, la restitución del Fondo Metropolitano que antes de su liquidación, en el sexenio anterior, acumulaba 10,000 millones de pesos? La implementación de un Plan General de Desarrollo Metropolitano que articule los programas de gasto de cada entidad, parece una utopía… pero puede ser la llave para el 2030.
Cortesía de El Economista
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