Justo dentro de un mes, el Ejecutivo federal deberá entregar a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto de Egresos para el 2025 y la miscelánea fiscal. A partir de ese momento correrán 90 días de intensos trabajos legislativos que —ni por la vía ordinaria, ni por la prerrogativa presidencia de la iniciativa preferente— incluyen la reforma electoral.
El líder de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, tiene claro que será hasta la segunda etapa del segundo año de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión —es decir entre febrero y abril del próximo año— cuando comiencen las deliberaciones en el parlamento. Antes, la comisión presidencial deberá elaborar su diagnóstico —encuestas incluidas— y convocar a las mesas de consulta.
Entre septiembre y diciembre, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, deberán desahogarse una decena de iniciativas que concretarán las reformas constitucionales recientemente aprobadas. Entre ellas, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y otras tres modificaciones —a la ley de Amparo y la Ley para combatir la delincuencia organizada, entre ellas— para agilizar la reforma judicial, además de media docena de leyes reglamentarias, incluida lo concerniente a la no reelección y al nepotismo electoral, y una nueva Ley Aduanera.
En lo que resta del 2024, la reforma electoral no pasará por el Congreso… a menos que Pablo Gómez decida ignorar las instrucciones presidenciales. A los parlamentarios no les corre prisa alguna. “No nos precipitemos ni nos arrebatemos…
“Participaremos cuando seamos convocados”, se resignó Monreal Ávila, a sabiendas que la propuesta de la comisión será “ampliada, pluralizada, consensuada” durante los trabajos legislativos.
Abierto al debate, el comisionado Gómez Álvarez ha establecido el punto de partida de las deliberaciones: la definición de los límites de las libertades políticas en México.
La Coparmex ya formuló un primer llamado para que la discusión de una reforma electoral no repita los errores cometidos en el rediseño del Poder Judicial. “Cualquier intento por debilitar al Instituto Nacional Electoral, reducir la representación ciudadana o restringir la pluralidad política, sería una regresión democrática inaceptable”, acotó, México requiere instituciones electorales fuertes, confiables y respetadas. Proponer una reforma electoral sin consensos amplios, en un contexto económico desafiante y sin un análisis técnico riguroso, solo abona a la polarización y daña la confianza en la democracia”.
En el extremo opuesto a estas primeras reacciones, ni la mayoría legislativa ni la autoridad electoral se han adherido a la narrativa que advierte sobre “los riesgos de una inminente reforma”. Todo lo contrario.
A su modo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fue tajante en su posicionamiento: “No se puede hablar de polarización si no conocemos el texto”. En otras palabras, no tiene sentido tomar partido a favor o en contra de una propuesta que aún no ha sido presentada.
Ni la amenaza subyacente de una probable consunción hicieron que Taddei se sumara a los pesimistas. En cambio, optó por otra ruta: mantener la calma, desmarcar al Instituto de cualquier tentación ideológica y preparar el terreno para una participación técnica. “El INE no se opone ni apoya una reforma que aún no existe”, dijo, y dejó claro que no caerá en el juego de la anticipación polarizante.
Ni los diputados leales a Monreal, ni la cúpula del INE están en pie de guerra… por ahora. Han decidido escuchar, esperar, y luego sí, participar con datos, propuestas y límites claros. Prudencia, sí. Silencio cómplice, no.
Cortesía de El Economista
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