El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles un plan de medidas anticorrupción en el Parlamento y se mostró decidido a seguir en el poder, pese a las críticas de la derecha, que volvió a exigir elecciones anticipadas, y advertencias de sus socios parlamentarios.
El mandatario reconoció en el Congreso que pensó en renunciar y convocar elecciones debido a un caso de presunta corrupción que salpica a su partido (PSOE), concretamente a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sospechosos de repartirse comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
El plan anticorrupción
Como respuesta desde el Ejecutivo, Sánchez explicó un amplio plan elaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —entidad internacional que busca promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo— y con sugerencias y propuestas de otros partidos minoritarios que suelen apoyarlo, como el movimiento izquierdista Sumar, miembro de la actual coalición de gobierno con los socialistas.
Entre las medidas más importantes se encuentran la creación de una agencia independiente anticorrupción, la obligación de someter a auditorías externas a los partidos, la protección de los denunciantes, la agilización de la respuesta judicial a las prácticas corruptas, la incautación de bienes robados y también un cerco para perseguir con mayor firmeza a las empresas corruptoras. “La recuperación de los bienes adquiridos mediante la corrupción es clave porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción, sino que rambién hay que reparar el daño causado y devolver a lo público lo que es de todos”, remarcó.
“Una de las cosas más complejas que hay que generar es una verdadera cultura de integridad que impregne las administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas” con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción o campañas de concienciación ciudadana, agregó el mandatario.
“No tiraré la toalla”
Sánchez reconoció su profunda decepción y el error de haber confiado en su ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y en su ex número tres del partido, Santos Cerdán —este último enviado a prisión de forma provisional—. Fueron personas de su máxima confianza, muy cercanas y determinantes tanto en su ascenso al liderazgo del PSOE como en su llegada al poder en 2018. “Pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué”, dijo el gobernante español.
Fue tras recibir ese “duro golpe” cuando el presidente consideró la posibilidad de renunciar y adelantar las elecciones generales previstas para 2027. Sin embargo, lo descartó. Argumentó que se considera un político limpio, ajeno a las situaciones de corrupción que ocurrían a sus espaldas; que confía en poder recuperar la confianza de sus socios parlamentarios; y que aún le queda tiempo para culminar su proyecto político. “Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar”, sentenció Sánchez en el Congreso, cuyo gobierno confirmó el día anterior que realizará una gira del 20 al 24 de julio en la que visitará Chile, Uruguay y Paraguay y se entrevistará con los presidentes de los tres países.
Críticas dentro y fuera del partido
Por su parte, los conservadores y la extrema derecha aprovecharon para arremeter contra el gobierno. El líder del Partido Popular (PP), el opositor conservador Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que confiese “todo lo que sabe”, devuelva el “botín” (de la corrupción) y adelante las elecciones. “No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude y lo que le está matando ahora ya lo sabe todo el mundo”, recalcó Núñez Feijóo, además de instar al mandatario a tomar otras medidas como reforzar con más personal y recursos la unidad policial especializada que investiga la corrupción por orden de los jueces.
Las críticas llegaron también desde dentro del propio Gobierno. De menara simbólica, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, la izquierdista Yolanda Díaz, optó por no sentarse en la bancada reservada al Ejecutivo en el Congreso, sino con los diputados de su grupo. “Usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada por la corrupción y porque no quieren que gobiernen las derechas en España”, aseguró Díaz.
Entre los independentistas catalanes, los republicanos de ERC advirtieron de que, si la corrupción escala, la izquierda forzará elecciones anticipadas. El límite está en que no haya financiación ilegal del PSOE. La portavoz de Junts (derecha independentista catalana), Míriam Nogueras, dejó claro que su partido no votará a favor de “ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria que supura por muchas de las instituciones del Estado español”. Los nacionalistas vascos del PNV plantearon que, si Sánchez no ofrece más explicaciones, tiene la opción de presentar una cuestión de confianza, para que el Congreso se pronuncie sobre su continuidad al frente del Gobierno, o convocar elecciones.
Cortesía de Página 12
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