Si algo unió los criterios de los gobiernos populistas y neoliberales del PRI con las dos administraciones del PAN, fue la práctica de usar los ingresos del petróleo, a través de Pemex, como una fuente de financiamiento indiscriminada.
Nadie quiso entender que los ingresos que generaban esos recursos no renovables no debían servir para financiar el gasto corriente y menos a través de una empresa obesa, ineficiente y sin metas de productividad.
Ahí sí, Echeverría fue igual a Salinas y a Fox, devastaron, no un recurso, porque México tiene reservas petroleras probadas, sino a una empresa que hoy está del lado de los problemas más graves del país.
Que no se le ocurra a Enrique Peña Nieto recordar que su gobierno fue el único que pudo hacer algo medianamente bueno para paliar ese deterioro de Pemex, porque seguro que le abren otra carpeta de investigación.
Pero es un hecho, la reforma energética del 2013 tuvo el gran acierto de buscar iniciar un proceso de achicamiento de Pemex, de apertura a los capitales privados del negocio petrolero y de tratar de revertir la bomba de tiempo financiera que hoy el populismo está a punto de hacer estallar.
Si Petróleos Mexicanos fuera hoy una empresa productiva, concentrada sólo en el negocio de la exploración y explotación de petróleo, si participaran las empresas privadas en igualdad de condiciones en ese y otros negocios energéticos, hoy sí se podría hablar de una conversión de la deuda de Pemex en deuda pública.
Pero justamente Andrés Manuel López Obrador hizo lo contrario a lo que se tenía que hacer. Echó para atrás la reforma energética de Peña Nieto, regresó a Pemex el estatus de burocracia improductiva, descompuso los arreglos laborales que se habían conseguido, la metió en negocios improductivos y gastó lo que la paraestatal no tenía.
Pemex y CFE de la mano, que empezaban a tener viabilidad de rescate hoy son insalvables y lo peor es que en el caso de la petrolera sus costos están a punto de ser traspasados a las cuentas públicas.
De acuerdo con datos de México Evalúa, durante todo el sexenio de López Obrador se transfirieron 2.1 billones de pesos del erario a Pemex, además de que se redujeron los Derechos de Utilidad Compartida y se dieron otros estímulos.
Y nada mejoró, al contrario, la condición actual de la petrolera la hace inviable para el cumplimiento de sus obligaciones financieras si no fuera por el dinero público.
Seguramente que en el momento que el Poder Judicial deje de representar un obstáculo para las decisiones del Poder Ejecutivo, se podría poner en marcha una conversión de la deuda de Pemex, cara y abultada, en deuda pública.
Sólo que convertir en deuda pública parte de esos pasivos de Pemex sin reestructurarlo es una condena para repetir cíclicamente esa operación.
Peor aún, con la economía al borde de la recesión, con una estructura de gasto asistencialista que crece de manera exponencial y sin una clara corrección de los excesos fiscales del último año de gobierno de López Obrador, este es el camino a una crisis financiera que empieza con la degradación crediticia.
Si hubieran dejado que la reforma de Peña diera resultados, quizá hoy habría margen para ello.
Cortesía de El Economista
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