La Comisión Tripartita del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) inició de manera formal la resolución de expedientes, 94 en total, sobre casos laborales pendientes para el abatimiento del rezago en la materia.
En su primera sesión, la citada comisión, integrada por Celia Maya, presidenta del TDJ, un representante sindical y otro patronal del órgano de adscripción correspondiente, resolvió asuntos relacionados con cese de trabajadores, hostigamiento y acoso laboral, así como otros vinculados con procedimientos de recursos de revisión.
“El rezago asciende actualmente a 94 expedientes, mismos que serán resueltos en un periodo estimado de cuatro a cinco meses, conforme a los procedimientos aplicables’’, cita el comunicado de prensa emitido por el TDJ.
“Mientras la Comisión Tripartita avanza en la resolución de los asuntos heredados, la Comisión de Conflictos Laborales del Tribunal ha comenzado a recibir y sustanciar los casos que se presentan en esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación, dando curso a las quejas laborales que surgen ya bajo el marco institucional renovado’’, detalla.
La comisión, refiere, “tiene una temporalidad delimitada, pues debe sustanciar y resolver los casos laborales pendientes que quedaron en trámite durante el proceso de transición institucional”.
Conforme la normatividad vigente, la resolución de casos iniciada atiende la naturaleza y circunstancias de cada expediente, precisa.
Así como que el TDJ avanza en la depuración de los 94 asuntos heredados del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“El Tribunal de Disciplina Judicial refrenda su compromiso con la ciudadanía para informar con transparencia sobre su actuación, aplicar con rigor técnico las facultades que le confiere la ley y fortalecer la profesionalización de quienes integran la función jurisdiccional.
“Además, reitera que la disciplina judicial y la vigilancia del desempeño de las personas juzgadoras constituyen un elemento esencial para acercar la justicia al pueblo de México y garantizar que los derechos laborales de quienes sirven al Poder Judicial sean protegidos con imparcialidad y firmeza”, concluye.
Cortesía de El Economista
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