En una esquina soleada de Portland, Oregon, Elana Gabrielle prepara pedidos de lino. Los rollos llegan desde Lituania, pero con cada nueva entrega aparece un sobre más grueso: los aranceles . Por una orden de 8,400 dólares, el gobierno cobró más de 1,000. Con márgenes ya reducidos, se pregunta cómo podrá continuar ofreciendo productos de calidad a precios accesibles.
A más de 3,000 kilómetros, en Somerset, Wisconsin, Joel Boblit, fundador de BigBadToyStore, ordena figuras de acción. Lleva 25 años en el negocio, cada juguete tenía un arancel cero. Hoy paga 30%, que consume todas las ganancias de cada artículo y aumenta los precios para el consumidor. “Nuestra industria no puede cambiar de la noche a la mañana”, afirma.
Estas voces que documenta la Cámara de Comercio de Estados Unidos forman parte de las casi 35 millones de pequeñas empresas, que dan empleo a 59 millones de personas. Los aranceles impuestos por el presidente Trump, junto con la incertidumbre diaria sobre sus políticas, ya generan afectaciones en ese sector.
El Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos no ignora estos casos, en un reporte detalla que, desde que Trump asumió el poder, más de 366,000 empleos desaparecieron en pequeñas empresas con menos de 10 empleados.
Una carga sin sustituto
La política arancelaria, presentada como una defensa del empleo nacional, golpeó de lleno a los negocios que no tienen cómo absorber el impacto. Las pequeñas empresas aportan cerca de 44% del PIB de Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, la narrativa habla de “reciprocidad”, de poner piso parejo con otros países, pero eso no alivia la cuenta bancaria de quienes importan insumos sin sustituto nacional.
El reporte del Congreso lo pone sobre la mesa, muchas pequeñas empresas dependen de materias primas que no se producen en Estados Unidos. O si existen, cuestan el triple. Café, cacao, ciertas fibras, componentes electrónicos, plásticos específicos.
Agrega que dos de cada tres pequeñas y medianas empresas venden productos importados o dependen de insumos del extranjero para mantener su producción.
En sectores como manufactura, construcción, logística y restaurantes, donde casi todos los negocios son pequeños, las alzas arancelarias encarecen materiales clave como acero, madera, equipo de cocina e insumos agrícolas.
Frente a una economía que desacelera, el informe urge al gobierno federal a establecer mecanismos de exclusión automáticos y rápidos para los pequeños importadores. “Sabemos que esto tiene consecuencias reales”, dice Ashli Watts, de la Cámara de Comercio de Kentucky.
Advertencia colectiva
La Cámara de Comercio se une a esta urgencia, con una carta dirigida al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio y al representante comercial de Estados Unidos. La misiva comienza con cortesía, pero no tarda en mostrar el motivo real: los aranceles impuestos por la administración Trump están hundiendo a miles de pequeños negocios.
La carta no adorna la realidad. Dice que si las negociaciones bilaterales para reducir barreras comerciales tardan semanas, muchas empresas ya no estarán ahí para celebrarlas.
Cada párrafo es una advertencia y un intento por evitar una catástrofe. La Cámara, lejos de oponerse a las metas del gobierno, ofrece alternativas como exclusiones automáticas para pequeñas empresas, excepciones para productos que no se producen en el país, procesos expeditos para casos donde el empleo esté en riesgo.
El documento también recuerda que sin flexibilidad, la recesión es inminente. No hay forma de que las empresas pequeñas puedan adaptarse a la velocidad de los anuncios presidenciales, porque cada cambio en política comercial altera contratos, órdenes de compra, estrategias de venta. Y lo hace con efecto inmediato.
Una demanda en curso
Algunas empresas ya se fueron a otros extremos. Cinco compañías estadounidenses demandaron a Donald Trump. En su denuncia ante la Corte de Comercio Internacional, las compañías aseguran que los nuevos impuestos violan la Constitución, pues no derivan de una “emergencia nacional” real ni cumplen con los requisitos de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés).
Cada firma relata el impacto. V.O.S. Selections, importadora de vinos artesanales, no puede ajustar precios por ley estatal y ve reducida su operación, de hecho en su página web se puede encontrar un apartado “lucha contra los aranceles”. Genova Pipe, fabricante de tuberías, no encuentra en Estados Unidos los insumos que necesita y teme perder clientes en Canadá.
MicroKits, que produce kits educativos, puede cerrar al agotarse sus componentes importados. FishUSA, vendedor de artículos de pesca, enfrenta demoras y sobrecostos que frenan su crecimiento. Y Terry Cycling, especializada en ropa para ciclistas, estima pérdidas de hasta 1.2 millones de dólares. Todas coinciden en que los aranceles son un golpe directo a su viabilidad.
El 2 de abril de 2025, el presidente Trump anunció el aumento arancelario más radical desde la Ley Smoot-Hawley de 1930. Con esta medida, desató una guerra comercial global contra casi todos los países. Para las casi 35 millones de pequeñas empresas del país, no fue un “día de liberación”, como lo llamó el republicano, sino una jornada de daño económico.
La decisión del presidente, del 9 de abril, de pausar por 90 días los aranceles recíprocos y llegar a un acuerdo con China, ofrece escaso alivio. La incertidumbre persiste, con nuevas medidas en el horizonte.
Cortesía de Expansión
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