Desde Lima
Hundida en una altísima impopularidad -apenas 3 por ciento de aceptación, un récord de descrédito sin precedentes- la presidenta Dina Boluarte está cada vez más arrinconada por el rechazo a su gestión y las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su contra. Comenzará el nuevo año teniendo que presentarse ante la Fiscalía para ser interrogada por dos causas: abandono de cargo y la colaboración en la fuga de su exjefe político, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción. No son las únicas cusas judiciales abiertas en su contra. Este año tuvo que comparecer siete veces ante la Fiscalía por diversos cargos. En más de una ocasión se negó a responder. Son ocho las investigaciones fiscales que afronta.
Las causas judiciales
El 2 de enero, Boluarte debe responder por un supuesto abandono de cargo y omisión de actos funcionales por una operación a la nariz -que la presidenta asegura fue porque no podía respirar bien, pero que su rostro confirmaría fue por razones estéticas- sin avisar al Congreso que se ausentaría temporalmente de sus funciones por esta intervención quirúrgica, lo que debía hacer para evitar una acefalía en el cargo al no haber un vicepresidente. Boluarte ha admitido la operación después de haberla mantenido largo tiempo en secreto, hasta que la reveló la prensa, pero niega haber abandonado sus funciones.
En el caso de la fuga de Cerrón, condenado hace más de un año y hasta ahora prófugo, tendrá que responder a la Fiscalía el 16 de enero sobre su presencia en un lujoso balneario del sur de Lima donde Cerrón estaba escondido y la imputación del uso del automóvil presidencial para ayudarlo a escapar. Cerrón es fundador y secretario general de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Boluarte al gobierno como vicepresidenta, del cual luego fue separada. PL se ha sumado a la coalición de derecha y ultraderecha que controla el Congreso, con el fujimorismo como bancada principal, y que protege a Boluarte de las acusaciones en su contra. Esta alianza de la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo, que se conoce como “el pacto de la corrupción” o “el pacto autoritario”, viene dando normas para tumbarse los procesos anticorrupción y buscar tomar el control de la Fiscalía y el Poder Judicial.
De todas las causas en contra de Boluarte, la más grave es por la muerte por disparos de las fuerzas de seguridad de 49 personas en las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Conocidas las primeras muertes, Boluarte aplaudió públicamente la represión, llamó “héroes” a los represores y los premió, y calificó de “terroristas” a los manifestantes antigubernamentales. Ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional por este caso, y la Fiscalía la ha acusado constitucionalmente ante el Congreso.
El escándalo de sus relojes Rolex y otras joyas, cuya tenencia ha justificado diciendo que fueron un préstamo de su amigo el gobernador de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, investigado por corrupción y al que favoreció con transferencias presupuestarias, es otro caso que la compromete seriamente. Cargos de enriquecimiento ilícito por ingresos no justificados y obstrucción a la justicia son otras acusaciones contra Boluarte. Y su hermano, Nicanor, está prófugo con una orden judicial de prisión preventiva en una causa por organización criminal y otros cargos.
La Fiscalía también investiga contratos irregulares para la compra de alimentos para un programa de asistencia a escolares, que vienen desde que Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sector encargado de este programa, y continúan hasta ahora. Hace unos días fue asesinado en un hotel de Lima un empresario beneficiado con estos contratos y que ha entregado a los escolares alimentos malogrados y carne de burro y caballo haciéndola pasar como de res. Una muerte que silencia a un personaje clave en una investigación fiscal que toca a la presidenta.
Futuro sombrío
Según la Constitución, Boluarte no puede ser acusada penalmente y enjuiciada por los cargos que se le imputan mientras ejerza la presidencia, pero su futuro cuando deje Palacio de Gobierno apunta inevitablemente a los tribunales, y muy probablemente a la cárcel.
Para el abogado y exprocurador anticorrupción Julio Arbizu “no hay ninguna duda” de la contundencia de las acusaciones contra Boluarte. “El caso que más la compromete es el de las muertes por la represión, en el que es evidente su responsabilidad mediata por esos asesinatos durante una represión brutal. Ella estaba en perfecto conocimiento de lo que estaba pasando y en lugar de hacer algo para detener las muertes, respaldó y alentó esa represión. La Fiscalía cuenta con elementos indiciarios contundentes para construir la cadena de mando”, le declaró Arbizu a Página/12.
Sobre las acusaciones de corrupción, señaló: “Hay evidencias que la incriminan en la fuga de Cerrón, una acusación sólida. La localización del vehículo presidencial la sitúa en el lugar donde estuvo Cerrón, están sus contradicciones flagrantes sobre dónde estaba, qué hizo. En el caso de los Rolex, ha admitido que los tenía, y aunque sea como préstamo, como dice, eso abre una posible imputación por enriquecimiento ilícito, porque para eso basta con la posesión, y si hubo una prebenda a cambio, como transferencias presupuestarias al gobernador de Ayacucho, se da el delito de cohecho”.
Por estas acusaciones, Arbizu estima que cuando termine su gobierno a Boluarte le espera “un panorama muy sombrío”. Dice estar convencido que “quienes ahora la están protegiendo porque todavía les es conveniente, una vez que termine su gestión la van a abandonar”.
Con la presidenta enredada en estas acusaciones en su contra y concentrada, junto con varios de sus ministros, en maniobras para tratar de bloquear las investigaciones fiscales a ella y a su entorno más cercano, se agudiza la crisis política y social, se debilita lo que queda de institucionalidad democrática, el autoritarismo gana terreno y se dispara la delincuencia abriendo espacio a las propuestas de mano dura. El Ejecutivo y el Congreso son rechazados por más del 90 por ciento de la población. Crecen el descontento, la desesperanza y la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en las elecciones de 2026.
Respaldo utilitario
En declaraciones a este diario, el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén asegura que Boluarte “no tiene ningún futuro político” y advierte que por la contundencia de las acusaciones en su contra se puede fugar. “El respaldo que le da el Congreso es utilitario, cuando ya no les sirva la dejarán a su suerte” afirma. En su opinión, Boluarte se sostiene en la presidencia a pesar de las acusaciones en su contra y de su debilidad y la del Congreso que la respalda, porque la oposición también es muy débil.
“La oposición parlamentaria es muy débil, y en las calles hay algunas protestas pero no llegan a ser masivas. Estamos en una crisis sin representación política, en la que nadie es capaz de representar los malestares de la sociedad. Hay un malestar general, la gente ha roto con los políticos. Estamos en una crisis de descomposición sin salida a la vista”, dice Adrianzén. Lanza una advertencia sobre las posibles consecuencias de esta crisis: “En 2026 se puede instalar un gobierno abiertamente autoritario, no me extrañaría que sea un gobierno de ultraderecha, tipo Milei, que es un desastre”.
Adrianzén resume el gobierno del pacto de Boluarte con el Congreso con una frase contundente: “Estamos siendo gobernados por mafias”.
Cortesía de Página 12
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