Desde Lima
En una cuestionada decisión, el tribunal que la venía juzgando anuló el juicio oral a Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal, que se había iniciado en julio pasado, argumentando deficiencias en la acusación fiscal. Esto, sin embargo, no implica una declaración de inocencia, ni el final definitivo del proceso judicial. Con esta anulación del juicio oral, el proceso a la hija del exdictador Alberto Fujimori debe retroceder a una etapa anterior, de control de acusación, en la que la Fiscalía deberá reformular su acusación y un juez evaluarla para dar luz verde o no a un nuevo juicio oral. La Fiscalía niega que haya deficiencias en su acusación, considera ilegal la anulación del juicio y ha apelado esta decisión. Keiko está acusada de haber recibido aportes ocultos por millones de dólares para sus campañas electorales a la presidencia en 2011 y 2016. La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión.
Fallo dividido
El tribunal que venía juzgando a Keiko y a más de 30 acusados por este caso se dividió al momento de tomar la decisión de anular el juicio: hubo dos votos a favor y uno en contra. La anulación se justificó en una sentencia tomada hace tres semanas por el Tribunal Constitucional (TC), que dictaminó se anule el juicio a uno de los procesados, el exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), José Chlimper, y se formule una nueva acusación en su contra. El TC argumentó que en su acusación a Chlimper la Fiscalía había incluido hechos que no figuraban en la disposición que formalizó la investigación.
Los magistrados del TC que tomaron esta decisión fueron elegidos con los votos de la coalición de derecha y extrema derecha que controla el Congreso y que tiene al fujimorismo como su principal protagonista. En agosto pasado, otro fallo de este tribunal, la máxima instancia judicial del país, abrió la puerta para que se anule la acusación por obstrucción a la justicia contra Keiko y otros acusados en este mismo proceso.
Aprovechando el fallo del TC, Keiko y los otro acusados solicitaron al tribunal que la anulación del juicio se haga extensiva a ellos. En su alegato, la Fiscalía señaló que el fallo del TC se refería exclusivamente a Chlimper y no dictaminaba la anulación de todo el juicio, y que los jueces no tienen la atribución de interpretar extensivamente este fallo del TC para aplicarlo a todos los acusados. Pero por mayoría el tribunal dio la razón a los acusados. En su voto en minoría en contra de la anulación del juicio, la jueza Nayko Coronado indicó que no existe una norma legal que permita anular un juicio en marcha y que esta anulación vulneraba el principio de legalidad y el debido proceso.
Un gran alivio para Keiko
Aunque el proceso judicial sigue abierto, la anulación del juicio oral es una victoria legal para Keiko Fujimori y los otros acusados. Un alivio para la jefa del fujimorismo que enfrentaba un juicio con sólidas evidencias en su contra. Y un golpe para la Fiscalía. Este juicio no se cierra, pero se dilata indefinidamente. Y su futuro ahora es incierto. Si se confirma la anulación del juicio (está pendiente que se resuelva la apelación de la Fiscalía) el proceso se prolongará mientras la Fiscalía adecúa la acusación tomando en cuenta los cuestionamientos del tribunal, un juez de control de acusación la revisa y decide si procede o no. El control de acusación para el juicio oral ahora anulado tomó tres años. Si el juez de control aprueba una nueva acusación fiscal, se deberá convocar un nuevo juicio oral, que comenzaría de cero, sin tomarse en cuenta las pruebas y testimonios presentados en estos seis meses de juicio.
Esta demora es un gran alivio para Keiko y sus pretensiones para las elecciones de abril de 2026. Aunque se consideraba poco probable una sentencia antes de esa fecha, la postergación la libera del desfile en juicio público en medio de la próxima campaña electoral de testigos y pruebas que evidencien sus oscuros manejos económicos y los millones que recibió y no declaró.
La anulación del juicio a la hija del exdictador Fujimori también ha servido para que el fujimorismo y otros enemigos de los procesos anticorrupción refuercen su campaña de ataques contra los fiscales y de descrédito de esos procesos. Conocida esta decisión judicial, distintas voces de esos sectores se apresuraron en cuestionar a la Fiscalía y exigir la destitución del fiscal José Domingo Pérez, que lleva el caso de Keiko Fujimori. Pérez es, desde tiempo atrás, blanco de insultos y amenazas por su trabajo contra la corrupción política. Sacar del caso al fiscal Pérez es un objetivo central del fujimorismo en su afán de lograr la impunidad de su jefa.
Luego de una larga y minuciosa investigación fiscal, la Fiscalía acusó a Keiko Fujimori y otros dirigentes del fujimorismo en marzo de 2021. Después de un largo proceso de control de acusación, el juicio, ahora anulado, se inició el 1 de julio de 2024. Comunicaciones internas de la empresa brasileña Odebrecht y declaraciones de altos funcionarios de la constructora revelan la entrega oculta de 1,2 millones de dólares a Keiko para su campaña de 2011. Luego de esa revelación, grandes empresarios peruanos admitieron ante la Fiscalía que aportaron millones de dólares en secreto para las campañas fujimoristas de 2011 y 2016.
Todos esas entregas, que suman alrededor de 18 millones de dólares, se hicieron clandestinamente, en maletines llenos de billetes. Esos fondos fueron lavados reclutando falsos aportantes y con cócteles de recaudación de fondos en los que se inflaba lo obtenido. La Fiscalía tiene numerosas evidencias y testimonian que confirman estas operaciones ilegales. Pero este cuestionado fallo judicial ha salvado, por ahora, a la jefa del fujimorismo, un partido con una larga historia de corrupción.
Cortesía de Página 12
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