El mar Caribe panameño se convirtió en el escenario de una reciente tragedia. Una embarcación que transportaba migrantes de forma irregular naufragó cerca de la costa de Miramar, en Santa Isabel, provincia de Colón.
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El saldo del accidente fue la muerte de una niña colombiana de tan solo tres años y el rescate de otras 20 personas en medio de las aguas caribeñas. Pese a los intentos de salvar la vida de la menor, ella no logró sobrevivir.
El Gobierno de Panamá confirmó su fallecimiento en un comunicado oficial, indicando que, “pese a los esfuerzos realizados mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la niña falleció”. Las autoridades lamentaron “profundamente la pérdida de esta vida humana”.
La rápida intervención en el lugar del naufragio fue crucial para evitar una tragedia mayor. Gracias a la acción inmediata de una embarcación privada, y el posterior despliegue de las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se logró rescatar a las otras veinte personas con vida: dieciocho adultos y dos menores.
La nave que naufragó operaba en total ilegalidad. Era manejada por un ciudadano colombiano y estaba registrada únicamente para fines de pesca artesanal, sin ninguna autorización para el transporte de pasajeros.
Además, se determinó que la salida se ejecutó desde un muelle no habilitado por la Autoridad Marítima de Panamá, por lo que según las autoridades el tipo de embarcación no habría aguantado la cantidad de personas a bordo.
Este fatal suceso ocurrió en medio de una notoria transformación en las rutas migratorias a través de Panamá. Aunque la nacionalidad de la mayoría de los rescatados no fue precisada en el informe oficial, medios locales apuntaron a que serían, en su mayoría, de origen venezolano.
Las nuevas políticas migratorias implementadas tras la toma de posesión del presidente panameño, José Raúl Mulino, en julio de 2024, y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero, han impactado el flujo irregular, generando una desaceleración en el tránsito por el país.
Las estrategias binacionales se han centrado en el endurecimiento de la vigilancia y el bloqueo de rutas, incluyendo las que atraviesan la selva del Darién. Un Memorando de Entendimiento firmado en julio de 2024 entre Panamá y Estados Unidos ha sido determinante para reforzar las medidas.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, detalló a medios internacionales que Estados Unidos ha destinado 14 millones de dólares al proceso de deportación y expulsión: 7 millones en 2024 y 7 millones adicionales en 2025.
De esta manera, Ábrego concluyó que el resultado, “se alcanzó un total de 2.736 personas deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países”.
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Cortesía de El Colombiano
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