Bogotá/Lima. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, en la triple frontera con Brasil, lo que provocó una dura respuesta del gobierno de Dina Boluarte.
Petro afirmó desde Leticia que la isla no fue asignada a ninguno de los dos países en el acuerdo de 1929 y rechazó la autoridad peruana en la zona. Lima replicó que Santa Rosa forma parte de su territorio “desde hace más de un siglo” y acusó a Petro de carecer de “razón jurídica, histórica y geográfica”.
La isla, surgida por cambios en el cauce del río Amazonas, alberga a menos de 3,000 habitantes. El tratado bilateral de 1922 fija la frontera en el punto más profundo del río, pero la disminución de su caudal complica la delimitación.
El diferendo se suma a otros roces diplomáticos entre Bogotá y Lima, cuyas relaciones se han enfriado desde que Petro cuestionó la legitimidad del gobierno de Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo en 2022. Desde entonces, los países han reducido el contacto de alto nivel.
Conflicto limítrofe
Analistas advierten que, aunque la disputa por Santa Rosa podría resolverse en el marco técnico del tratado fronterizo, el tema toca fibras de soberanía nacional que suelen tensar las agendas internas. En Perú, autoridades y pobladores de la isla reivindican su pertenencia al país, mientras en Colombia crece la preocupación por mantener acceso directo al Amazonas y preservar el comercio fluvial.
Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial con Boluarte, el canciller Elmer Schialer, declaró: “La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”.
Y agregó: “Le he recomendado a la presidenta que no responda para evitar un diferendo verbal y dejar que la diplomacia actúe”.
Ambos gobiernos acordaron adelantar al 11 y 12 de septiembre una reunión técnica en Lima para tratar el diferendo fronterizo y otros asuntos bilaterales.
Cortesía de El Economista
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