Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante la toma de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 30 de agosto de 2024, en las que calificó a las periodistas del país como “muñecas de la mafia”, el abogado Germán Calderón España solicitó al Consejo de Estado iniciar un proceso por desacato contra el mandatario, argumentando que no ha cumplido con la orden de rectificar sus palabras.
En representación de la periodista María Andrea Nieto, el jurista afirmó que ya transcurrieron los cinco días hábiles otorgados por el Consejo de Estado para que el mandatario ofreciera disculpas a las comunicadoras, por haber vulnerado la libertad de expresión y promover la discriminación hacia el ejercicio periodístico.
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De acuerdo con España, si el jefe de Estado no acata el fallo del máximo tribunal en el mismo formato en que emitió sus declaraciones —es decir, mediante una alocución presidencial y la publicación de una nota aclaratoria—, quedará expuesto a una sanción disciplinaria que podría implicar un arresto de hasta cinco días.
Petro expresó en su discurso que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”. Ante estas afirmaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional también las consideró una forma de violencia simbólica y discriminación, al vincular a las comunicadoras con estructuras criminales y deslegitimar su labor profesional.
La decisión contó con aclaraciones de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis, quienes ordenaron al presidente abstenerse de emitir en el futuro mensajes o publicaciones que vulneren los derechos de las accionantes o de las mujeres periodistas en general.
Del mismo modo, los magistrados solicitaron al presidente de los colombianos reafirmar su compromiso con el respeto, la igualdad y la no discriminación, recordándole que, desde su posición, debe promover el diálogo y la inclusión, y no contribuir al señalamiento ni a la deslegitimación de grupos históricamente vulnerados.
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Cortesía de El Colombiano
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