A más de tres años de su detención, el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc volvió a la discusión debido a que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Estado mexicano liberar de manera inmediata a los indígenas recluidos desde junio de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados del homicidio de un policía municipal.
A través de la Opinión 21/2025, publicada en mayo pasado, la ONU pidió también una reparación integral del daño, así como una investigación independiente contra las autoridades responsables. Recordó que la prisión preventiva oficiosa, aplicada en este caso, vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la libertad.
El colectivo No Estamos Todxs, que acompaña a los presos, afirmó que la detención obedece a su condición de indígenas y defensores de la tierra y el territorio. “Su verdadero ‘delito’ es ser pobres, indígenas y defender su territorio. Han enfrentado juicios injustos donde el mal gobierno fabrica culpables”, denunció la organización en un comunicado emitido este 3 de septiembre.
“Hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad”, exigió el colectivo.
Además, se denunció que, desde 2020 se han registrado al menos siete casos similares con acusaciones infundadas, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas. Entre las violaciones identificadas en el proceso de los cinco de Cancuc, que se dieron a conocer a través de un comunicado, destacaron deficiencias en la traducción, jueces sin imparcialidad, peritajes contradictorios e incluso realizados por personas sin cédula profesional.
Por otro lado, se explicó que las comunidades de San Juan Cancuc han denunciado que la persecución contra sus integrantes responde a la oposición a megaproyectos como presas hidroeléctricas, la supercarretera San Cristóbal–Palenque y la militarización del territorio.
Los propios presos también alzaron la voz desde el CERSS No. 5 con una carta dirigida a medios y organizaciones: “Nosotros sabemos que no hemos cometido delitos, exigimos a los tres niveles de gobierno que nos liberen inmediatamente”, expresaron.
Cortesía de El Economista
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