La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad de Nuevo León (SS), luego de que ésta se negara a cumplir con la Recomendación 4/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), relacionada con abusos cometidos contra mujeres manifestantes el 8 de marzo de 2023 en Monterrey.
De acuerdo con el organismo, durante la protesta feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diversas mujeres fueron víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de la policía estatal, entre ellas, menores de edad.
Las afectaciones incluyeron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia verbal y física, así como tratos crueles y degradantes en contra de quienes se manifestaban de manera pacífica.
También, la CNDH documentó que las detenidas fueron trasladadas en condiciones irregulares y sometidas a actos que vulneraron su dignidad, lo que constituyó una violación directa a su derecho a la seguridad, a la libertad de expresión y a la protesta social.
Negativa
Por otro lado, la CEDHNL precisó que la Secretaría de Seguridad de Nuevo León incumplió con las medidas establecidas en la Recomendación 4/2023, lo que motivó la emisión de un nuevo pronunciamiento en el que se exigió el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Además, se indicó que la mencionada dependencia estatal se negó a cumplirla, bajo el argumento de que los protocolos de actuación fueron “legales y proporcionales”.
Ante esa negativa, la CNDH retomó el caso y concluyó que la postura de la dependencia de Nuevo León constituye una revictimización y un desacato a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su resolución, exigió al gobierno estatal: ofrecer una disculpa pública a las mujeres afectadas; garantizar la atención médica, psicológica y legal a las víctimas; sancionar a los mandos y policías de Fuerza Civil responsables de los actos de violencia, entre otras.
El organismo nacional también señaló que la responsabilidad recae directamente en la Secretaría de Seguridad estatal y en la cadena de mando de Fuerza Civil, cuyos elementos actuaron con un patrón de represión hacia las manifestantes.
Cortesía de El Economista
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