
La política del Gobierno federal de hacer todo lo posible por mantener en pie a Petróleos Mexicanos (Pemex) con notas Pre-Capitalizadas (P-Caps) por 12 mil millones de dólares y el plan estratégico 2025-2035 que presentará este 5 de agosto, que incluye un nuevo modelo de negocios para arrancar 11 proyectos de inversión en asociación con el sector privado, deben asegurar la rentabilidad futura de la empresa.
De lo contrario, el Gobierno seguirá sacrificando recursos fiscales que debería destinar a salud, educación y combate a la pobreza, poniendo en riesgo a las finanzas públicas, advirtieron analistas consultados.
Además, hay menos ingresos, tras bajarle a Pemex la carga del pago único de impuestos con el nuevo derecho petrolero para el bienestar, de 30%, en lugar de la tasa de 65% que tenía en 2019, y la línea presupuestal que aprobó el Congreso para este año por 136 mil millones de pesos, que se pretende repetir para 2026.
Para el estratega senior para América Latina en XP Investments, Marco Oviedo, Pemex tiene muchas alternativas para evitar la quiebra, pero la decisión es más política que económica.
“Hay otros caminos”, aseguró el doctor en Economía y exdirector general adjunto de Deuda Pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Respecto a si vale la pena lo que se está haciendo a la fecha, consideró que esa pregunta habría que hacerla en el contexto de su rentabilidad futura.
Pemex debe reorientar sus esfuerzos a negocios que generen efectivo y poder pagar sus compromisos, apuntó.
Alejarse de eso condenará al país a seguir inyectándole recursos fiscales que se necesitan para otros fines, como reducir la pobreza y mejorar la salud o educación. “El mito de la soberanía energética puede salir muy caro”, advirtió.
El investigador en energía y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Rivera, recordó que el apoyo a Pemex es parte del Plan Nacional de Desarrollo, y por eso se buscan nuevos mecanismos.
Un ejemplo de ello son las notas P-Caps, para obtener un mayor flujo de efectivo, enfrentar vencimientos y mejorar el balance de Pemex sin que el Gobierno federal haga un desembolso de manera directa, mencionó.
Fue atinado, reconoció, porque no se compromete el presupuesto de futuras generaciones. El riesgo, agregó, es que en algún momento los recursos se acaben en el fideicomiso y el Gobierno tenga que entrar para pagarlo.
Esa estrategia le permitirá a Pemex mejorar su balance, dijo, pero aún quedan muchos compromisos por cumplir, como el pago a proveedores, vencimientos de deuda y que no haya problemas operativos.
Bueno y barato
La mayoría de los analistas abrazó la reciente colocación de los bonos a través de las P-Caps con un plazo a 2030, ya que se trata de un mecanismo bueno y barato.
“En teoría, sería con un costo financiero más bajo, lo cual es rescatable. Así que es cierto que el vehículo es bueno y barato. No sé si bonito, eso está por verse”, afirmó Oviedo.
La premisa, dijo, es que Pemex debería generar los recursos suficientes para pagar de vuelta el dinero al vehículo; en caso contrario, el Gobierno federal asumiría ese pasivo.
Sin embargo, el experto enfatizó que el riesgo para el sector público es nulo, ya que lo asume el Gobierno, cuya deuda puede aumentar potencialmente.
Sobre la línea presupuestal, estimó que puede ser una vía alternativa para dar recursos directamente al pago de deuda de Pemex, y quizá también para compromisos con los proveedores, pero podría ser la menos transparente.
El Universal
Menos recursos para la paraestatal
• Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta este año una reducción significativa en los recursos asignados en comparación con el presupuesto aprobado para 2024. La disminución se refleja en varios rubros clave para la operación y fortalecimiento de la empresa estatal, según se detalla en los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A continuación, se explican los principales puntos que reflejan esta situación:
• Disminución presupuestal general. Pemex reporta una reducción de 82 mil 554.3 millones de pesos en su presupuesto al cierre del primer semestre de 2025, lo que equivale a una caída de 23.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta disminución se atribuye principalmente a una menor inversión física y financiera en la empresa, que ha sido uno de los pilares del actual modelo energético nacional.
• Recursos no ejercidos en la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía (Sener), responsable de coordinar gran parte de la política energética nacional, no ejerció 69 mil 264 millones de pesos destinados al fortalecimiento financiero de Pemex y a la operación en el sector eléctrico. Esta cifra representa una caída de 41.8% respecto al periodo enero-junio de 2024. El subejercicio en este rubro impacta de forma indirecta a la petrolera al limitar los mecanismos de apoyo institucional.
• Reducción en el apoyo directo a Pemex. Dentro del presupuesto aprobado para 2025, el programa específico para el fortalecimiento de Pemex también presenta una disminución. El recorte es de 4 mil 645 millones de pesos, es decir, una baja de 4.6% en comparación con lo calendarizado originalmente para este año. Esto implica menos recursos para enfrentar compromisos financieros y operativos de corto plazo.
• Menores recursos para inversión e insumos. El gasto en inversión física, servicios generales, materiales y suministros también se redujo de manera significativa. El recorte alcanza los 38 mil 23 millones de pesos, lo que representa una contracción de 12.6% respecto a lo previsto en el calendario presupuestal para el año. Estas partidas son esenciales para el funcionamiento diario de la empresa, la operación de refinerías, mantenimiento de infraestructura y compra de insumos estratégicos.
• Ajustes no equivalen a recortes, afirma Hacienda. Bertha Gómez, subsecretaria de Egresos de la SHCP, aclaró que estas disminuciones no deben interpretarse como recortes directos, sino como adecuaciones que forman parte del manejo presupuestal a lo largo del ejercicio fiscal. Señaló que este tipo de ajustes se aplican a todo el gasto público y responden a criterios de disponibilidad y prioridades en el uso de recursos.
CT
Cortesía de El Informador
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