El transporte público urbano es extremadamente necesario para el 70% de la población en México que no tiene coche propio. La gente lo usa para ir a sus trabajos, para ir por sus hijos, a la escuela, en fin, a todos lados. El Metrobús ha ayudado y también los teleféricos. No obstante, falta mucho por hacer, en especial en el transporte público terrestre.
En Ciudad de México, los camiones viejos y/o mal operados siguen siendo frecuentes, sobre todo aquellos que operan bajo el modelo de concesión. En algunos casos, las autoridades han intentado quitarles sus concesiones sin éxito, como el caso de la Ruta 57.
Los autobuses públicos suelen estar en mejores condiciones y seguir mejores reglas, pero hay pocas rutas y en varias de ellas, hay pocos autobuses que no se dan abasto. Es frecuente que la gente no se pueda subir al autobús que está esperando porque pasa muy lleno. También es frecuente estar esperando un autobús durante mucho tiempo, sin tener la certeza de cuándo va a pasar o siquiera si pasará. En algunas rutas hay apenas dos o tres camiones operando durante todo el día.
¿Qué acciones regulatorias podrían explorarse para mejorar la prestación de estos servicios? Yo aquí propongo algunas. Están basadas en mi conocimiento del servicio en Ciudad de México, pero no dudo que algunas apliquen también para otras ciudades del país.
1. Hacer respetar las paradas designadas. Aplica en especial para autobuses concesionados, pues es común verlos detenerse en cualquier lado donde les hacen la parada, muchas veces sin orillarse, lo que genera un tráfico intenso, en especial en calles con pocos carriles. Seguido se ven colas de coches detrás de un autobús detenido esperando a que se suba alguien. Si bien ya hay paradas designadas, nadie las hace cumplir, lo cual es necesario para tener ciudades más ordenadas.
2. Establecer una velocidad mínima y/o tarifas diferenciadas. Los autobuses concesionados suelen ir muy despacio cuando van vacíos, pues están esperando a llenarse poco a poco. Si bien esto es justificable desde la rentabilidad del operador, genera mucho tránsito y externalidades negativas a los demás automovilistas. Deben explorarse nuevas vías para que el operador pueda sacar sus costos y su rentabilidad, sin afectar a los demás. Entre ellas, imponer una velocidad mínima o incluso tarifas diferenciadas para adultos mayores, discapacitados, estudiantes, familias numerosas. Estas permiten mejorar la rentabilidad del operador sin lesionar el bolsillo de quien no puede pagar mucho.
3. Posibilidad de pagar con medios electrónicos en autobuses concesionados. Si bien esta posibilidad ya existe en autobuses públicos, sigue siendo una cantidad muy grande de gente la que se mueve en autobuses concesionados. Es común que el operador no tenga cambio y el usuario termine pagando de más, con tal de realizar el viaje.
4. Emisión de una señal GPS para que el usuario conozca con más certeza el tiempo de espera. Podría parecer algo costoso o difícil de implementar, pero actualmente la señal GPS es algo que se puede emitir incluso con un celular y un plan de datos no muy costoso. El gobierno podría involucrar a las empresas de telecom en un proyecto de este estilo, que resultaría en muchos ahorros en horas-hombre, puesto que los usuarios tomarían mejores decisiones sobre cuándo salir del lugar en el que se encuentran para llegar a su transporte sin estar esperándolo tanto tiempo. Si bien ya hay aplicaciones que pueden hacer seguimiento de las unidades públicas (no de las concesionadas), estas aplicaciones requieren una suscripción de pago.
5. Implementar un sistema de horas de salida en cada base de autobuses. En CDMX es muy complicado establecer horas de llegada a cada punto debido al intenso tránsito vehicular. Sin embargo, establecer horas de salida, puede dar un punto de referencia para el usuario que espera en una estación intermedia.
Además de estas sencillas recomendaciones, necesitamos una policía de tránsito más presente, mejor capacitada y cuyos objetivos estén siempre enfocados a las necesidades de la población. Sin autoridad para imponer sanciones, de nada vale establecer mejores normas.
Cortesía de El Economista
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