A horas para que expire el plazo en el que se debe definir el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026, la incertidumbre sobre cuál será en definitiva esa cifra billonaria es total.
El pasado jueves, ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el aforo inicial propuesto de $556,9 billones, aunque abrió la puerta para un recorte de alrededor de $10 billones.
El funcionario insistió en que la política fiscal actual se desarrolla en un contexto sin precedentes. “Esto caracterizado por rigideces estructurales del gasto (inflexibilidades) y deudas heredadas (como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc)”.
Dentro de las inflexibilidades presupuestales, Ávila destacó el gasto de intereses, salarios de la Fuerza Pública y el sistema judicial, el Sistema General de Participaciones (SGP), salud y pensiones.
También mencionó la caída inédita del recaudo tributario de la Dian en 2024, de $18,4 billones, lo que aceleró la crítica situación fiscal.
“En este escenario, cada decisión de política fiscal ha estado orientada por la necesidad de responder con responsabilidad a una coyuntura exigente, buscando preservar la sostenibilidad macroeconómica y proteger el gasto social prioritario”, dijo el ministro.
Para el jefe de la cartera económica las restricciones fiscales que hoy enfrenta el país no son producto exclusivo de decisiones recientes, sino reflejo de una trayectoria prolongada de presiones crecientes sobre el gasto y del endeudamiento acumulado en años previos, lo que limita el margen de maniobra actual.
Un elemento clave para la financiación de las cuentas estatales el año que viene es la aprobación, por parte del Congreso, de una ley de financiamiento o reforma tributaria, cuya meta de recaudo es de $26,3 billones.
En ese sentido, la propuesta de Ávila es reducir el monto original del PGN de $556,9 billones a $546,9 billones. Y, como consecuencia, la meta de recaudo de la tributaria pasaría de $26,3 billones a $16,3 billones, recortando así $10 billones.
Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, este recorte “es apenas cosmético”. En su cuenta de X el rector de la Universidad EIA insistió en que lo de fondo sigue intacto: “Un aumento al costo de capital de las empresas que frena inversión y empleo, la carga ideologizada que permea la reforma y sus impactos negativos al ciudadano común”.
Restrepo enfatizó en que el ajuste es insuficiente y lo responsable sería un recorte de al menos $55 billones. “No un simple acomodo que disfraza la magnitud del problema fiscal”, añadió.
Desde su perspectiva, esto parece más una jugada política que una decisión técnica, al plantear un alivio parcial para evitar que el Congreso bloquee el monto, mientras se prepara la puerta de salida de aprobar el presupuesto por decreto, en una especie de dictadura fiscal contraria a la institucionalidad.
Otro exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sostuvo que la fijación del monto máximo del presupuesto no puede utilizarse, como lo está intentando el gobierno, como un Caballo de Troya para forzar la aprobación de la reforma tributaria por parte del Congreso.
“Se están desfigurando las instituciones presupuestales con este proceder, así como con la irregular expedición por decreto del presupuesto para la vigencia 2026, que todo indica está buscando desesperadamente el gobierno”, apuntó.
Otra voz crítica de la actuación del gobierno de Gustavo Petro es la del exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien en declaraciones a Hora 20 de Caracol Radio, mencionó que no se debería dar una autorización de gasto si no existe el ingreso. “El hueco de este Gobierno es más grande que $50 billones. El Gobierno ha alargado los pagos de las obligaciones y está generando una cola que no permite tener capacidad de gasto”.
Y resaltó: “Lo que hizo este Gobierno es apostar a que lo van a financiar porque creen en el próximo gobierno. Ponen esa problemática contra el próximo gobierno y la sostenibilidad del estado en el corto y mediano plazo”.
Con la fecha del 15 de septiembre encima, para saber si aprueba o no el monto del PGN, y sin que prosperen las proposiciones para reducirlo, se va allanado el camino para aprobarlo por decreto y con lo que tácitamente se estaría aprobando la ley de financiamiento.
Congresistas recuerdan que no puede haber un presupuesto sin monto y en ese caso el gobierno tendría la posibilidad de sacarlo por decreto, debido a que presentaron tarde el proyecto y no permitieron que se discutiera en las Comisiones Económicas Conjuntas.
De esta forma se volvería a dar la “dictadura fiscal”, como pasó el año pasado, al aprobar el presupuesto de 2025 por decreto.
Ahora con la posibilidad de que no se apruebe el monto, lo que se busca es que se otorgue la facultad implícita de dictadura fiscal, para que se expida el PGN por decreto.
Cortesía de El Colombiano
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