El boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de asociaciones delictuosas por la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional de Estados Unidos, promovió un juicio de amparo por sufrir supuesta privación de libertad e incomunicación por parte de las autoridades federales el pasado martes, 19 de agosto.
De acuerdo con su equipo legal, el excampeón mundial de peso mediano interpuso la denuncia con el fin de frenar su reclusión en el penal de máxima seguridad Cefereso número 11, situado en el municipio de Hermosillo, Sonora.
Chávez Jr. busca alternativa legal
El recurso busca proteger los derechos del deportista de 39 años, ante el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, explosivos y municiones. En este sentido, el juez que determinó su prisión preventiva justificada en el Centro Penal de Justicia de Sonora, determinará su situación jurídica el próximo sábado, 23 de agosto.

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Acusan a Chávez Jr. de colaborar con “Los Chapitos”
Las indagatorias de las autoridades estadounidenses sugieren que Chávez Jr. colaboraba con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, como golpeador en contra de integrantes de la organización criminal que cometieran errores bajo las órdenes de Néstor Isidro, alias “El Nini”, el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Además, documentos del Poder Judicial mencionan que las autoridades de Estados Unidos entregaron al Ministerio Público Federal el oficio HSI-2019-2030-OR/AT, en el cual se revelan las actividades delictivas cometidas en la ciudad de Nogales, Arizona, en las que presuntamente formaba parte el boxeador.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Chávez es un migrante ilegal que representa una “amenaza para la seguridad pública”, por lo que fue detenido por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Studio City, California, durante el pasado 2 de julio.
El hijo de la leyenda del boxeo mexicano también enfrentaba un proceso penal en Los Ángeles por posesión de armas no registradas y problemas de salud mental. Sin embargo, durante el día de su detención aún estaba adscrito a un programa de salud mental para desestimar sus cargos, medidas impuestas por el tribunal de Van Nuys, según mencionó su abogado Michael Goldstein.
EDG
Cortesía de El Heraldo de México
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