Por qué Bolivia no logra aprovechar su riqueza en litio para superar la crisis económica que sufre

Cuando el empresario francés Vincent Bolloré viajó a Bolivia en 2008, luego de que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) anunciara su plan de industrialización del litio, invitó al mandatario a París para hablar de negocios, mientras inversores de varios países también tenían puestos los ojos en el mineral.

Evo Morales viajó a Francia en febrero de 2009 y condujo por las calles de Vaucresson, un municipio en las afueras de París, en el BlueCar, un auto eléctrico azul con forma de huevo que el magnate Bolloré quería comercializar utilizando baterías fabricadas con litio boliviano.

Se dieron la mano entre sonrisas, todo parecía ir muy bien, pero nunca llegaron a un acuerdo comercial.

Con el paso del tiempo, aquel viaje a París se convirtió en una especie de presagio de lo que terminaría siendo la historia del litio boliviano en las próximas décadas.

No solo las conversaciones con Bolloré quedaron en el olvido, sino también los convenios con una infinidad de empresas internacionales como las firmas surcoreanas Kores y LG, las japonesas Sumitomo y Mitsubishi, y la china Citic Guoan.

Pronto Morales declararía la “soberanía del litio”, anunciando que estaba preparado para iniciar la explotación del mineral sin capital extranjero.

“Todas las empresas, hasta ahora, quieren invertir sólo para comprarnos carbonato de litio, para que la industria de baterías de litio sea fuera de Bolivia”, dijo Morales.

Declaró que unicamente en 2014, cuando llegara la fase de producción de baterías, el gobierno podría aceptar a un socio extranjero.

El plan no era solo fabricar baterías, sino también autos eléctricos “made in Bolivia”.

17 años después del anuncio. el plan de industrialización del litio a gran escala no se ha cumplido. Solo existe una planta estatal con una producción tan pequeña que ni siquiera aparece en los registros internacionales.

Cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia, el tema del litio vuelve a entrar en el debate político tras casi dos décadas de ambiciones frustradas y promesas rotas.

En el último episodio de esta saga, el actual gobierno de Luis Arce Catacora, envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que apruebe un contrato con la empresa china CBC Investment Limited y con la empresa rusa Uranium One Group para la producción industrial de carbonato de litio con una tecnología conocida como EDL (Extracción Directa de Litio).

El plan encontró una dura resistencia en el Congreso, donde los opositores a la iniciativa denuncian graves irregularidades en el proceso y falta de transparencia, acusaciones que el gobierno niega.

BBC Mundo contactó al gobierno boliviano, pero un portavoz señaló que responderían más adelante.

Tras una tensa sesión en la Asamblea Legislativa en julio sobre las propuestas del gobierno en torno a los convenios con las empresas extranjeras, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, denunció que algunos asambleístas tienen “intereses partidarios, políticos y personales”.

“La pelota ahora está en la Asamblea. Y ellos serán los responsables de que haya estas inversiones o no haya estas inversiones y el día de mañana el pueblo juzgará”, apuntó.

Comunidades indígenas, organizaciones medioambientales y una serie de actores que se oponen a la firma de esos contratos denuncian falta de transparencia, información incompleta, errores técnicos y, en definitiva, un acuerdo que perjudica al país.

En pocos meses terminará el gobierno de Arce y las posibilidades de que los legisladores aprueben su propuesta de asociación con los inversores rusos y chinos parecen cada vez más escasas. Mientras, el país está hundido en una de las peores crisis económicas de los últimos años.

Una crisis económica que será un factor decisivo en las elecciones, en medio de largas filas de personas que intentan conseguir combustible y alimentos necesarios para la subsistencia de su familia. ¿Alcanzará el dinero para comer?, se preguntan muchos bolivianos.

La inflación interanual se disparó en julio a un 25% (solo superada por Argentina y Venezuela), algo no visto desde mediados de los 80, las arcas fiscales están en mínimos históricos y casi sin reservas de dólares.

En un país de 12 millones de habitantes fracturado políticamente -con el partido más importante de Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS), sumido en una guerra entre Evo Morales y Luis Arce- y asfixiado económicamente, persisten las marchas, bloqueos de carreteras y protestas en regiones clave como el Chapare -bastión cocalero y feudo de Morales- que han generado pérdidas económicas millonarias.

En medio del caos, el sueño de aprovechar la gigantesca riqueza del litio, concentrada principalmente en el Salar de Uyuni, se ha convertido, para muchos bolivianos, casi en una utopía.

Y las comunidades indígenas siguen viendo con desconfianza cualquier alianza con empresas extranjeras que termine arrebatándoles sus recursos naturales.

Bolivia -junto a Argentina- lidera el ránking mundial de recursos de litio (con 23 millones de toneladas cada uno), según los últimos datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Dicho de otro modo, el territorio boliviano posee un cuarto de todo el litio conocido hasta ahora en el planeta, aunque las mayores reservas certificadas con potencial comercial las tiene Chile.

Son muchos los factores que han confluido para que esta riqueza no haya sido aprovechada por Bolivia, sostienen analistas.

Entre ellos, las fallas en la gestión del mineral, falta de tecnología y personas calificadas técnicamente para tomar decisiones, escasez de transparencia en las licitaciones, polarización política y hasta el aislamiento geográfico de un país que no tiene salida directa al mar para exportar sus productos.

Por años prevaleció el discurso de que Bolivia se convertiría en el “Dubái del oro blanco” o “la Arabia Saudita del litio”. Pero hasta ahora, el país sudamericano está muy lejos de serlo.

Los presidentes Evo Morales y Luis Arce se han acusado mutuamente por los problemas para sacar adelante acuerdos comerciales con empresas extranjeras que permitan extraer e industrializar el mineral y han denunciado la injerencia de empresas multinacionales para intentar aprovecharse del mineral, sacándolo del país como materia prima sin ningún valor agregado.

Antes de convertirse en enemigos políticos, Morales y Arce trabajaron codo a codo.

Arce fue el ministro de Economía durante la mayor parte del mandato evista, hasta que Morales renunció abruptamente a fines de 2019, horas después de que el jefe de las Fuerzas Armadas le pidiera dejar el cargo en medio de una profunda crisis política.

El primer presidente indígena de Bolivia dimitió denunciando un golpe “cívico, político y policial”.

De ahí en adelante, Morales y Arce siguieron caminos separados. Mientras, las negociaciones para explotar e industrializar el litio continuaron estancadas.

En los 13 años que Morales fue presidente y en los cinco que Arce tomó las riendas del país, las políticas del litio han estado bajo cuestionamiento.

Ambos líderes, sin embargo, han acusado a los opositores de poner trabas para concretar los planes.

A partir del año 2010, Morales declaró la “soberanía del litio” y apostó por una explotación completamente estatal.

Ya en esa época, especialistas como Juan Carlos Zuleta, advertían que era necesario tener un socio extranjero para adquirir el conocimiento y las tecnologías necesarias para extraer e industrializar el litio.

Finalmente, después de millonarias inversiones públicas que no consiguieron los objetivos trazados, el gobierno se abrió a buscar capitales extranjeros, pero los acuerdos comerciales siguieron empantanados.

Lo mismo pasó con las licitaciones hechas durante el gobierno de Arce.

Diego von Vacano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Texas A&M, experto en políticas de litio y ex asesor “ad honorem” del gobierno de Luis Arce en la materia hasta 2022, decidió cortar lazos con esa administración por diferencias en la manera de gestionar el recurso.

Desde su perspectiva, el pueblo boliviano ha rechazado muchos intentos de industrializar los recursos naturales porque históricamente los campesinos, los indígenas, no han visto los beneficios, como ocurrió en el caso del agua o del gas.

A esa resistencia popular, se suma la polarización política entre la derecha y la izquierda, “casi no existe un centro”, un panorama que hace muy difícil conciliar posiciones tan opuestas. “No hay un equilibrio entre el Estado y el mercado”, le dice a BBC Mundo.

Tampoco ayuda el aislamiento geográfico del país, la falta de infraestructura, o la incompetencia técnica de quienes han estado a cargo de tomar decisiones en todos estos años.

“Hemos visto fallas muy profundas en la gestión del litio”, apunta, como poner en la presidencia de Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB, a personas que no son expertas, que no tienen experiencia, ni formación en el área.

Por otro lado, “la falta de transparencia ha hecho que se sospeche mucho”. Por ejemplo, explica, a partir de 2022 las licitaciones favorecieron a empresas de Rusia y China y los montos comprometidos por ambas partes han cambiado con el paso del tiempo.

Hace falta una ley, dice von Vacano, que permita una alianza entre el Estado y el sector privado para que permita la creación de empresas mixtas. Para que eso ocurra, sin embargo, se requeriría un cambio a la Constitución.

Sergio Medinaceli, consultor de políticas públicas sobre minería y litio, y coautor del libro “Bolivia y litio, realidades económicas”, publicado este año, sostiene que han existido “numerosos errores” en la forma de manejar el recurso.

Errores técnicos, por ejemplo, en la instalación de la primera planta industrial de carbonato de litio y la de cloruro de potasio. Durante el gobierno de Evo Morales se derrocharon, argumenta, US$1.100 millones en un proyecto inviable bajo la consigna de mantener una “soberanía tecnológica” en el país con recursos nacionales.

“Eso ocasionó un fracaso técnico, ideológico, político y económico”, afirma Medinaceli.

En el caso del gobierno de Arce, agrega, la apuesta estuvo enfocada en la tecnología EDL de extracción del mineral. La actual administración llamó a empresas extranjeras a hacer pruebas piloto en el Salar de Uyuni.

El problema, argumenta, es que la calificación de los proyectos estuvo en manos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), especializada en hidrocarburos, sin la experiencia ni los conocimientos necesarios para evaluar técnicas de extracción de litio.

“No fue una calificación técnica, sino una calificación de simpatía ideológica”, dice Medinaceli en diálogo con BBC Mundo. Finalmente seleccionaron a las empresas china y rusa que, según el experto, no ofrecen condiciones convenientes para Bolivia.

Medinaceli señala que esos contratos, además de perjudicar al país, no siguieron el proceso de consulta previa con las comunidades donde pretenden realizar el proyecto minero para discutir los potenciales efectos sobre los habitantes de la zona y el ecosistema.

A las comunidades que viven cerca del salar de Uyuni les preocupa la excesiva utilización de agua en los procesos de extracción y la ausencia de lo que se conoce como la “remediación”, en el sentido de mitigar el daño ambiental generado.

“Actualmente estamos en una etapa de incertidumbre que tiende al fracaso”, dice.

Con la fractura política que existe en la Asamblea Legislativa, sigue siendo un misterio lo que pasará con el litio, más aún ahora que el país elegirá un nuevo gobierno el 17 de agosto o en segunda vuelta el 19 de octubre.

Sea cual sea la fuerza política que se imponga en los comicios, tendrá por delante un largo camino por recorrer para que Bolivia pueda aprovechar la gigantesca riqueza del litio que existe en su territorio.

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