Michoacán está bajo la línea de fuego y las estrategias de seguridad que se han implementado desde sexenios pasados en la entidad para contrarrestar la fuerza del crimen organizado han sido insuficientes, pero ¿Por qué? Algunos expertos analizan el caso:
En los últimos 19 años los gobiernos en turno aplicaron cuatro planes para disminuir la violencia en Michoacán, pero ninguno dio resultado.
Expertos aseguran que los planes emergentes sirven de manera momentánea o temporal, pero luego se olvidan y se dispara de nuevo la incidencia delictiva.
Planes en Michoacán sin efecto
El 11 de diciembre de 2006, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa se aplicó la Operación Conjunta Michoacán, también conocida como “El Michoacanazo”, que marcó el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.
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En esa ocasión se efectuó un acuerdo con el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, del todavía PRD, y se efectuó un despliegue de 5 mil efectivos, así como actividades de erradicación de plantíos de marihuana, se colocaron puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, se realizaron cateos, aprehensiones y se desmantelaron puntos de venta de droga.
El 3 de enero de 2007, Calderón Hinojosa visitó Apatzingán portando chamarra y gorra militar. En ese viaje resaltó que habían logrado detener el avance de la delincuencia.
Destacó que las fuerzas federales no estaban solas y les ordenó continuar en la batalla contra el crimen, “para que no desfallezcamos”.
El 13 de febrero de 2014, la administración de Enrique Peña Nieto presentó el plan Michoacán Juntos lo Vamos a Lograr, que se implementó en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas con el fin de prevenir la violencia con acciones sociales, lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social.
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El 15 de enero de 2014, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la designación de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán para promover la coordinación de las autoridades locales, municipales y federales en los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública.
La designación ocurrió durante el conflicto entre las autodefensas y “Los Caballeros Templarios”.
De 2014 a enero de 2015, Castillo entregó alrededor de 6 mil armas de fuego a grupos de autodefensas, algunas de las cuales terminaron en manos del crimen organizado.
El 9 de octubre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo a Michoacán, con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en Morelia y Uruapan.
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Al iniciar el gobierno de Claudia Sheinbaum, como parte de su estrategia de seguridad de los primeros 100 días, se incluyó la atención a la extorsión contra los productores de limón en Michoacán.
La operación Tierra Caliente establecía que la Guardia Nacional y autoridades locales realizaran labores de vigilancia y visitas a huertas y empacadoras de limón de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Tepalcatepec y Aguililla para garantizar que el proceso de producción, empaque, transporte y comercialización del cítrico se diera sin la intervención de los grupos criminales.
Una solución momentánea en Michoacán
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), señala que los planes aplicados en Michoacán en algún momento tuvieron efecto.
Cuestionado sobre si estas acciones han dado resultados, el director del Observatorio comenta que la presencia de la Policía Federal en la época de Calderón Hinojosa tuvo como efecto la disminución de la incidencia delictiva en la región.
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“Luego se vuelve a disparar en la medida en que estos programas no alcanzan a consolidarse y a volverse una forma natural de llevar a cabo la política; es decir, son planes emergentes. Un programa para que dé resultados requiere tiempo”.
“¿Qué ocurre con Juárez, Chihuahua, Tijuana o Baja California? Cuando las cosas mejoran los han soltado y regresa la violencia. Eso mismo pasa con Michoacán. Llega el gobierno de Peña, cambian las autodefensas por policías comunitarias y poco a poco se vuelve a descomponer y se dispara la violencia”, explica Rivas.
Armando Rodríguez, especialista en seguridad, inteligencia, prevención y libertad de expresión, señala que estos programas no consideran las condiciones regionales que presenta Michoacán.
Explica que las condiciones de desarrollo económico, desarrollo social, político e inseguridad son diferentes en la costa, particularmente en el puerto de Lázaro Cárdenas: “Hay condiciones regionales distintas que se tienen que diagnosticar adecuadamente para poder llevar a cabo acciones diferenciadas.
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“Ahora, aquí el tema es, ¿Cuáles son los criterios que tendrían que determinar estas diferencias? Si se van a ir por el tema de la seguridad, entonces el criterio tendría que ser aquellas regiones que están cooptadas por el crimen organizado, tanto a nivel político como social”, puntualiza Rivas Rodríguez.
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OA
Cortesía de El Informador
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