Las y los diputados locales votarán hoy en el Congreso de Jalisco para elegir al sucesor o sucesora del primer fiscal anticorrupción en el Estado, Gerardo de la Cruz, que, pese a esa distinción, su gestión pasará con más pena que gloria.
Pese a toda la expectativa que generó su llegada, por haber sido propuesto por organizaciones de la sociedad civil por su sólida trayectoria y experiencia, así como por su buena reputación e independencia frente al poder, ya que no tenía ningún nexo con partidos políticos o gobiernos, De la Cruz no supo, o no pudo, sacudirse las fuertes presiones del Gobierno en turno y se limitó a perseguir a funcionarios de la administración anterior al alfarismo. Dejó así la idea de que actuó más por consigna y revanchas políticas ajenas, que por una autentica actuación independiente contra la corrupción y que alcanzara a servidores públicos de primer nivel en funciones. El caso de las irregularidades en la compra de maquinaria pesada para los municipios del programa “A toda máquina” en los inicios del Gobierno de Enrique Alfaro, que quedó impune, y las comparecencias pendientes de funcionarios de la Fiscalía que cometieron graves deficiencias en el caso del Rancho Izaguirre que nunca exigió al Juez, son sólo un par de ejemplos de la tibieza que marcó su trabajo de principio a fin.
Como acaba de ocurrir con el proceso de selección del ratificado titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Jorge Ortiz, también en esta designación pública han surgido fuertes críticas de tratarse nuevamente de una simulación, ya que sería un nombramiento previamente acordado entre los partidos políticos.
Si referíamos que De la Cruz, que llegó sin cuestionamientos de ligas con el poder, tuvo un desempeño que dejó mucho que desear, qué se puede esperar de quienes integran la terna que envió el gobernador Pablo Lemus al Congreso: Tatiana Anaya y Cipriano Manzanilla, ambos funcionarios del gobierno lemusista, una como consejera jurídica del mandatario estatal, y él, en la Secretaría de Salud. Y Ricardo Sánchez Beruben, ex coordinador del gabinete de Seguridad de Alfaro, y actual asesor en la Secretaría de las Mujeres, del Gobierno federal morenista.
Si las y los diputados locales quisieran actuar con un mínimo de decoro y responsabilidad para tratar de construir una Fiscalía Anticorrupción relevante, ninguno de estos perfiles tendría que lograr los 26 votos necesarios para su nombramiento, por el evidente conflicto de interés ante una eventual investigación de malos manejos de los Gobiernos con los que trabajan o han trabajado.
Sería gratamente sorprendente que eso sucediera, pero a la vez poco probable. Es claro que a la clase política y gubernamental le incomoda una o un fiscal anticorrupción libre y comprometido con la ciudadanía.
Por eso muchos aseguran, que la que lleva ventaja en los pactos palaciegos de la partidocracia es Tatiana, quien hoy se podría convertir en la nueva Fiscal Anticorrupción “carnala”.
Cortesía de El Informador
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