El trato de excepción que tendrían las empresas del Estado de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), presentada en abril pasado por el poder Ejecutivo mexicano, dificulta el cumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), destacaron expertos en la materia.
“Preocupa que haya inaplicabilidad de la ley a las empresas públicas del Estado. Todos entendemos que son CFE y Pemex, pero como no está definido eso en la (iniciativa de) ley, en ocasiones, las interpretaciones públicas se pueden ampliar y hacer laxas y podrían caber eventualmente otras empresas en donde haya participación del Estado”, dijo Alejandra Palacios, expresidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el foro “Competencia en transición: análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Competencia”, organizado al cierre de la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La iniciativa para reformar la LFCE está programada para su discusión y aprobación en el período extraordinario de sesiones del poder legislativo, que se desarrollará desde este lunes 23 de junio y hasta el miércoles 2 de julio.
En su artículo 6, el proyecto de reforma establece que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza en áreas determinadas en la Constitución, “así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. Y especifica que “La presente ley no será aplicable a los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones y actividades a que se refiere el párrafo anterior”.
“Hay que asegurar que todas las empresas, incluidas las públicas del Estado, estén sujetas a la LFC. Es entendible que si es una actividad reservada al Estado no le aplique, pero como está redactado ahorita el artículo 6, sí existe esa interpretación que no está clara”, dijo por su parte Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México.
La existencia de un régimen de excepción en materia de competencia para empresas del Estado es un potencial punto de choque con el T-MEC, que ordena a los Estados firmantes garantizar un trato igualitario para las empresas, así como neutralidad regulatoria.
“Me preocupa tremendamente el tema de empresas del Estado (de la iniciativa del Ejecutivo), hay violación flagrante del T-MEC por la disciplina de trato nacional”, dijo en su turno Alejandro Faya Rodríguez, comisionado de la Cofece.
La reforma la LFCE dará cumplimiento a la reforma constitucional de diciembre del 2024, que decreta la reorganización de funciones y el remplazo de diversos órganos del Estado.
Entre ellos la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hoy órganos constitucionalmente autónomos que transferirán sus funciones a agencias sectorizadas en la administración pública federal (APF).
En el caso de la Cofece, la iniciativa del Ejecutivo plantea su remplazo por la Comisión Nacional Antimonopolio, que estará sectorizada en la Secretaría de Economía como órgano descentralizado.
Sin embargo, se prevé que tenga independencia técnica, operativa y presupuestal, lo cual fue aplaudido por los participantes en el foro.
“En términos generales, hay un sistema que preserva los fundamentos, mejora procedimientos, incrementa sustantivamente las sanciones y veo con mucha esperanza que se pueda acomodar el modelo de independencia dentro de la APF”, dijo Alejandro Faya.
En ello coincidió Alejandra Palacios, quien incluso señaló que la iniciativa atiende algunos puntos de mejora que ella contempló mientras fue presidenta de la Cofece. “En temas de procedimientos y sanciones, la iniciativa de ley para mí, en general, cumple las expectativas”, afirmó.
Cortesía de El Economista
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