A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, el Decreto Ejecutivo 599 firmado por el presidente y candidato Daniel Noboa generó fuertes cuestionamientos desde diversos sectores que alertan sobre su impacto en el ejercicio democrático del país. En ese sentido, la diputada nacional de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, lo calificó como un hecho “de extrema gravedad que pone en cuestión el pleno ejercicio de la democracia” en el país.
El decreto, emitido el sábado, establece un Estado de Excepción en nueve jurisdicciones -incluidas ocho provincias donde la candidata correísta Luisa González resultó ganadora en la primera vuelta- y en todas las cárceles del país. La medida, que tendrá una duración de 60 días, suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Además, autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en lo que muchos interpretan como una militarización del proceso electoral.
“Alertamos que en un contexto electoral, estas restricciones a derechos esenciales para la participación política no solo afectan las garantías individuales de los ciudadanos y ciudadanas: también comprometen seriamente las condiciones de transparencia, equidad y libertad que deben regir todo proceso democrático. Recordamos que la doctrina jurídica y las normas internacionales establecen que los estados de excepción no deben afectar los derechos políticos ni interrumpir procesos electorales”, precisó la legisladora en un comunicado.
En ese sentido, el texto destaca la “extrema preocupación por el posible uso del decreto como instrumento para restringir el control y la observación electoral, pilares básicos de cualquier elección democrática”. Asimismo, detalla que “la suspensión de la inviolabilidad del domicilio abre la posibilidad de allanar sedes electorales y confiscar material del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las organizaciones políticas sin orden judicial”, y considera que “la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia y la obligación de ‘colaborar’ impuesta a operadoras y entidades podría incidir en el control electoral de las organizaciones y afectar los datos críticos del recuento”.
Durante su gestión, Noboa ha recurrido con frecuencia a este tipo de decretos, sin que se logre una mejora sustantiva en la crisis de seguridad que atraviesa el país. En este caso, la emisión a solo 24 horas de los comicios impidió un control constitucional previo, lo que, según el comunicado, podría tener consecuencias irreversibles en la integridad del proceso electoral.
“Una elección libre no se limita al acto de votar, sino que debe darse en un entorno de garantías plenas, con libertad para organizarse, participar, fiscalizar y expresarse sin temor”, concluye el comunicado.
Cortesía de Página 12
Dejanos un comentario: