Legatario del peronismo, perseguido por la dictadura, Juan Manuel Abal Medina tuvo la protección de los gobiernos priistas durante tres décadas. Primero, a mediados de los setentas, cuando buscó refugio en la embajada mexicana en Buenos Aires (allí pasaría cuatro años con otros líderes del justicialismo, entre ellos el presidente Héctor Cámpora, destituido por los militares).
En 1982, el abogado argentino y exsecretario general del Movimiento Justicialista finalmente llegó a México. Y entonces comenzaría un periplo de 25 años que lo acercaría a destacados personajes de la llamada transición, que con su deceso —a los 80 años, en la urbe bonaerense— deja oculto uno de los capítulos determinantes de aquella época: una posible alianza PRI-PRD para sacar al PAN de Los Pinos.
A la mitad del sexenio foxista, Abal Medina dirigía una firma de abogados —tuvo operaciones en Ciudad de México, Buenos Aires y Madrid— que tenía entre sus clientes al empresario Carlos Slim. Su rastro se había perdido en la década anterior, aunque de sus “contactos de altísimo nivel” quedó constancia en una entrevista que concedió a Página 12 poco después del ascenso de Néstor Kirchner al poder.
Otras publicaciones bonaerenses, principalmente El Clarín, lo identificaron claramente como agente del extinto Cisen; asesor del exgobernador de Sonora y líder parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y muy allegado al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.
“Siempre al costado de las luces, Abal Medina se imagina colaborando con una concertación entre sectores del PRI y el PRD para vencer al centroderechista PAN”, describió Página 12 a finales del 2007.
Hace tres décadas, sobre las actividades de Abal Medina en México hubo una denuncia pública. Ramiro de la Rosa, dirigente de Democracia 2000 —una expresión priista que promovía la elección directa de candidatos dentro del partido— reveló a la revista Proceso que había un grupo de argentinos que se había trasladado a México para asesorar al Ejército mexicano. La irrupción del EZLN habría forzado esa intervención.
De la Rosa, entonces fugía como vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, y junto con el escritor Marcelo Fabián Monges recabaron información sobre esos contactos, pero no la hicieron pública. Y es que Abal Medina —señalado por el priista como enlace de los argentinos con el mando castrense— desestimó la versión.
“La denuncia está vinculada a la lucha de poder en el PRI”, censuró a través de Clarín de Buenos Aires, “y la intención es perjudicar a la persona con la que yo he trabajado hasta enero de 1993, que pertenece a un sector ‘nacionalista’ y no es visto con simpatía por algunos en el PRI”.
A su llegada a México, en 1982, el abogado argentino trabajó para Fernando Gutiérrez Barrios, quien después de haber estado al frente de la dirección Federal de Seguridad y la subsecretaría de gobernación en el sexenio de José López Portillo, había solicitado su transferencia a un cargo administrativo: la dirección de Caminos y Puentes Federales. Abal Medina, Fernando Córdoba Lugo y Francisco Velasco Durán lo acompañaron a Cuernavaca hasta 1985.
Un año después, el PRI nominaría a Gutiérrez Barrios como candidato en Veracruz. Aunque esa también sería una estancia para el coronel retirado, quien fue designado secretario de Gobernación por el presidente Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988. Allí estuvo hasta enero de 1993 y con él, Abal Medina, quien identificó a De la Rosa y Monges —argentino, nacionalizado mexicano— como cercanos al excomisionado para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís, quien para entonces ya había sido relegado por el zedillismo.
Efectos secundarios
¿EXCLUSIONES? En el órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción hay voces que se oponen a votar la terna de candidatos para la secretaría ejecutiva, tras de tres meses en vacancia. Otros de plano quieren tronar el proceso de selección… y entre ellos, sorprendentemente, estaría la presidenta del comité de participación ciudadana, Vania Pérez Mendoza, no obstante haber intervenido en el proceso de evaluación, supuestamente capturado por su colega, Rafael Martínez Puón. La exclusión de Mónica Vargas Ruíz, actual contralora de la SESNA y exfuncionaria del gobierno de Chihuahua; Abel Emilio Castorena, servidor público de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y Reyna Miguel Santillán, está detrás del diferendo. Esta terna fue descartada por no obtener las mejores evaluaciones en entrevistas públicas ni en la valoración curricular. Pero la primera terna fue cuestionada por supuestas deficiencias en la representación de género.
Cortesía de El Economista
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