Desde el primer piso de la Cuarta Transformación, se ha trastocado una de las reglas primigenias de la división de poderes: el Ejecutivo propone… y el Legislativo acata. Sin dilación.
Desde hace un año, los Congresos de las 32 entidades federativas han desahogado el cúmulo de reformas constitucionales aprobadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que puedan tener validez plena.
Apenas dos semanas después de instalada la LXVI Legislatura federal fue aprobada la reforma constitucional que permitió la renovación del Poder Judicial de la Federación. Y antes del 15 de octubre ya contaba con el respaldo de 17 legislaturas estatales.
Antes de que Claudia Sheinbaum jurara como Presidenta de la República, su agenda legislativa ya tenía los votos de la mayoría. Así, se logró la aprobación de la minuta enviada por el Senado de la República en materia de reconocimiento de los derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a nivel constitucional, con la cual, se convirtieron en sujetos sociales de derecho, y la reforma constitucional en la que se adscribió a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para garantizar su profesionalización y apego irrestricto a sus labores de pacificación del país.
Antes de que concluyera el 2024, las legislaturas estatales validaron la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública, por la que se facultó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las policías en la investigación de delitos, además de otorgarle a dicha secretaría la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los programas y políticas en la materia.
Fast track fue también la validez de la reforma constitucional para prohibir el nepotismo electoral y para garantizar la no reelección en el país, dictaminada el pasado 6 de marzo y promulgada antes de que comenzara la Semana Santa. Y se contribuyó a que, por primera vez en la historia de nuestro país, los derechos a la Igualdad Sustantiva, a una Vida Libre de Violencia y a la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres fueran garantías constitucionales.
En el primer año del sexenio claudista se promovió la aprobación de otro conjunto de reformas constitucionales federales para garantizar el acceso a derechos sociales y mejorar el bienestar de la población; la reforma constitucional en materia salarial para asegurar la fijación de los salarios mínimos por encima de la inflación; y la elevación a rango constitucional de los programas federales de Fertilizantes Gratuitos, de Producción para el Bienestar y de Pensión para Personas con Discapacidad, además de que se redujo la edad de 68 a 65 años para recibir la pensión para personas adultas mayores y se estableció el derecho constitucional al acceso a vivienda digna.
Los congresos locales también respaldaron la aprobación unánime de la minuta para la reforma constitucional enviada por el Congreso de la Unión para garantizar la protección y el cuidado animal, como un elemento más para la construcción de un país con relaciones respetuosas y de cuidado con el entorno social y biológico.
Y con el objetivo de contribuir a la protección del patrimonio biocultural y alimentario, también se aprobó, en lo federal y en lo local, la reforma para reconocer la protección del maíz y la garantía de que se mantenga como un cultivo libre de la presencia de organismos genéticamente modificados.
En el segundo año de trabajos de la LXVI Legislatura federal no cambiará esta dinámica. Así, la reforma a la Ley de Amparo quedará aprobada esta misma semana en la Cámara Alta… donde tuvieron que pausar la aprobación de la integración de las nuevas comisiones nacionales Antimonopolios y Regulatoria de las Telecomunicaciones.
Cortesía de El Economista
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